Ejecutivo propone negar pensión mínima a los que no repongan lo retirado de su AFP

El Ejecutivo circuló su propuesta de reforma de pensiones: ley de creación del nuevo sistema previsional peruano, que tiene por finalidad dar solución a los problemas que, en esta materia, afronta el país, pero con algunas inconsistencias y vacíos.

Una de las principales inconsistencias es uno de los requisitos que fija a los afiliados de las AFP para acceder a la pensión mínima (pilar semicontributivo), que es la restitución previa de los fondos que retiraron de sus cuentas.

Hablamos de S/87,917 millones entre aportes y rentabilidad de los que dispusieron 6.1 millones de afiliados.

Más aún, este retiro fue autorizado dos veces por el Ejecutivo y cuatro veces por el Congreso y ha llevado a que 2.3 millones de afiliados se queden sin un sol en sus cuentas, por lo que podrían ser los mismos que, guiados por los poderes del Estado y su miopía cortoplacista, no califiquen a una pensión mínima.

Lo peor es que el Congreso insiste en un séptimo retiro de hasta S/19,800.

Ausencia de mea culpa

Para el exministro de Economía David Tuesta, el Ejecutivo debe reconocer que es el principal responsable de los retiros al ser el primero que impulsó esta política, sin nunca hablar de una reposición de los fondos.

Dijo que incluso llamó la atención que el ministro de Economía, Alex Contreras, diga estar a favor de un retiro acotado y en ningún caso mencionar que el dinero se debe devolver.

Tuesta sostuvo que la propuesta de condicionar la pensión mínima con la devolución de los retiros caerá en ‘letra muerta’, debido a que es una forma de no reconocer la contingencia que de todas maneras va a suceder en 5 o 15 años.

“Al final, lo que va a terminar sucediendo es lo que se ha previsto desde el primer retiro. Es que esto va a terminar siendo pagado por todos los peruanos, cuando un montón de gente empiece a decir: yo pagué alguna vez en mi AFP y no tengo nada”, afirmó.

Otras inconsistencias

Otra de las inconsistencias de la propuesta es que aplica la misma tasa de aporte de la ONP y AFP a los trabajadores independientes, sin considerar la magnitud y frecuencia de sus ingresos. A decir de Tuesta, el no hacerlo puede llevar a la experiencia de 2013, en la que el Congreso se bajó la norma. Esto debido a que la mayoría o buena parte de estos trabajadores, por su baja productividad, tienen ingresos equivalentes a la remuneración mínima vital, con lo que descontarles el 10% o 13% de sus ingresos podría perjudicarlos.

También, la propuesta del Ejecutivo busca fomentar la competencia incluyendo a las empresas del sistema financiero, pero deja de lado a las aseguradoras privadas, cuyas coberturas también podrían gestionar fondos de pensiones.

Asimismo, no toma en cuenta la devolución de las deudas previsionales que tienen las entidades del Estado con los afiliados.

Además, para que los afiliados accedan a la pensión mínima propone que estos lleven su fondo de la AFP a la ONP sin ninguna garantía.

Para Tuesta, si bien es positivo que el Ejecutivo presente una propuesta, debería hacerlo pensando en el 75% de gente que no está en el sistema cuyos ingresos y situación laboral son distintos.

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