La eterna obsesión por la refinería de Talara

Mientras los peruanos nos preocupamos y angustiamos por no enfermarnos y seguir trabajando para sobrevivir, el Gobierno acaba de decidir algo bastante polémico. El 19 de enero se publicó en El Peruano la Resolución Ministerial N°023-2021-EF/52 que autoriza a Petroperú a emitir bonos (crear nueva deuda) por US$1,000 millones para seguir financiando, de forma parcial, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Según Petroperú, la “modernización” es importante porque permitirá ampliar la capacidad de refinación de 65,000 a 95,000 barriles diarios, reducir la cantidad de azufre que existe en los combustibles y lograr mayor rentabilidad al procesar crudos más pesados y de menor costo. Todo esto suena bien, pero si hay algo que ha venido cayendo en el país, es la producción de petróleo y nuestra demanda interna nunca llega a ser satisfecha con nuestra propia producción. Es decir, la refinería termina construyéndose en medio de una situación crítica para la inversión petrolera.

Ahora, hablemos de esta nueva emisión de bonos. En la ley que aprobó la construcción de la Refinería de Talara se indicaba que Petroperú podía hacer uso de la deuda siempre y cuando sus flujos no alcanzaran. Es decir, el proyecto iba a ser pagado con los recursos propios de la empresa. Sin embargo, ¿qué creen? Los flujos de la empresa nunca son suficientes y desde que se publicó la ley, la deuda de Petroperú para financiar el proyecto ha crecido constantemente.

Ya tenemos casi US$4,300 millones emitidos en bonos cuando el costo del proyecto es de US$4,700 millones. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto casi es enteramente financiado con deuda. No hay recursos propios.

Finalmente, ¿era necesario invertir todo ese dinero (US$4,700 millones) en este proyecto? No son pocos los especialistas que consideran que no. Que una empresa pública invierta esa cantidad de recursos, siendo estos escasos, ¿no es bastante discutible?

Con el dinero de la refinería se podía cubrir ocho veces más el presupuesto del sector justicia, 116 veces el presupuesto que recibió el Instituto Nacional de Salud, nueve veces el presupuesto del Seguro Integral de Salud y cuatro veces el sector de agua y saneamiento. Todo esto pasa mientras los peruanos nos preocupamos y angustiamos por no enfermarnos y seguir trabajando para sobrevivir.

El MEF y la Sunat dan un paso atrás en fiscalizar cuentas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento que establece la información que las empresas del sistema financiero deben proporcionar a la Sunat.

El MEF dispuso que la información de las cuentas bancarias con un monto igual o superior a las siete unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a los S/30,800, debe ser reportada a la Sunat, con lo que aumenta el umbral, que inicialmente se fijó en S/10,000. Los bancos ya no entregarán la información cada 30 días sino cada seis meses.

La Asociación de Contribuyentes había alertado que solicitar información de casi 1.7 millones de contribuyentes era sumamente riesgoso e ineficiente, dado que la evasión y los problemas de lavado de activos no se daban en un rango tan bajo de transacciones.

De todas formas, corre en paralelo una acción popular frente al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de esta norma, y existen al menos dos proyectos de ley en el Congreso que quieren derogarla. La historia aún no termina.

Elecciones ¿firmes? para el 11 de abril

Las elecciones generales del 11 de abril siguen firmes, pese a la segunda ola de COVID-19. Así lo anunció el Gobierno esta semana, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió, por su lado, los protocolos sanitarios que se aplicarán el día de las votaciones.

Sin embargo, hay voces que insisten en pedir que se aplace el proceso electoral. El último que se sumó a este llamado (que no ha tenido eco) ha sido el expresidente Martín Vizcarra, hoy candidato al Congreso por Somos Perú. Fue él precisamente quien convocó a las elecciones de abril antes de que fuera destituido por el Congreso debido a las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre él y que la Fiscalía investiga.