La formalización de Mypes: hacer atractivo lo urgente

Pese a que hoy el 96.04% de las mypes son microempresas y dan trabajo a alrededor de 8 millones de peruanos, estas son las empresas más ineficientes e improductivas, según datos del Ministerio de la Producción. Ello se puede deber a diversos factores, como los costos de transacción, la falta de economías de escala, el restringido acceso a créditos, las empinadas curvas de aprendizaje, entre otros. Pero hay un detalle adicional: la rigidez del sistema tributario.

Las mypes podrían ser improductivas precisamente a causa del Estado. Ello se debe básicamente al nivel de ventas dentro del cual se deben mantener para seguir contando con los beneficios de los regímenes especiales (RUS, Régimen Especial y Régimen Mype Tributario). El salto de un régimen a otro resulta demasiado drástico y la falta de una necesaria progresividad desalienta el tránsito y fomenta el estancamiento.

Para la abogada tributarista y directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Martha Bringas, “la falta de políticas tributarias coherentes por parte del Gobierno, lejos de impulsar la reactivación económica y apostar por la inversión privada, mantiene casi el mismo diseño de hace 30 años. El esquema tributario actual, con sus regímenes especiales con topes máximos de ingresos o utilidades, condena a los emprendedores a no crecer o los arroja a la informalidad, precisamente por el alto costo de mantenerse en el sistema, que carece de progresividad y falta de ‘puentes’ de transición entre dichos regímenes”.

Urge diseñar un sistema tributario con tasas progresivas que permitan un crecimiento gradual con carga tributaria mínima, que se incremente conforme las mypes se desarrollan.

Para lograrlo, una propuesta de reforma que impacte de manera positiva en la economía y el crecimiento de las empresas debe pasar por: i) eliminar el Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), al ser generadores de la atomización empresarial y estancamiento económico; ii) crear un régimen de incorporación fiscal, como mecanismo de formalización progresiva que atraiga y mantenga a las mypes dentro del sistema e incentive a los informales a ingresar a la base tributaria, mientras crecen de manera gradual y con un efectivo acompañamiento del Estado; y iii) reformar el régimen Mype para ser el puente hacia el régimen general, bajo dos esquemas u opciones a elegir por el contribuyente. El primero, con características similares al Régimen Especial de Renta, con un pago mensual sobre la base de sus ingresos (ideal para quienes se desarrollan en sectores de alta informalidad).

El segundo, bajo el esquema de deducciones utilizado por el régimen general, incorporando, además, varios tramos con tasas diferenciadas, de modo que sea progresivo en la carga tributaria y no desincentive la transición al régimen general (ideal para empresas que se desenvuelven en sectores más formales, a las cuales les resulta conveniente utilizar el esquema de deducción de gastos).

Incentivos adicionales para una esperada reforma tributaria

La propuesta de reforma tributaria que alista el gobierno de Pedro Castillo debería incluir, además, incentivos para formalizarse que reduzcan la carga impositiva: a) compensación de los pagos efectuados por aportaciones a la seguridad social de los trabajadores en planilla, lo cual tendrá incidencia directa en la formalización laboral; b) compensación de un porcentaje de los montos pagados por los consumidores o usuarios finales a través de medios electrónicos, que fomentará una masiva bancarización de los gastos, contribuyendo a formalizar la economía.

“El actual esquema promueve la atomización de empresas y el enanismo empresarial, afectando los niveles de recaudación y desalentando el crecimiento, por el alto riesgo de sacrificar sus escasas ganancias en el pago de más impuestos”, remarca la abogada tributarista Martha Bringas.

Cuidado con los efectos contrarios a los que se busca

En reciente entrevista, el ministro Pedro Francke no descartó subir el ISC a “productos particulares”, lo que podría tener efectos negativos sobre consumidores y productores, como pasó con las modificaciones al ISC en 2018 y 2019, que habrían desplazado el consumo de cerveza hacia bebidas con mayor grado alcohólico o bebidas sin registro sanitario.

Esta sustitución podría causar mayores daños a la salud. Es decir, el efecto contrario a uno de los objetivos de esta medida, que fue desincentivar el consumo de alcohol por las externalidades que genera sobre la salud pública.