La “operación cierre” de la nuevas gestiones municipales

Miembros de fiscalización de la Municipalidad de Surquillo llegaron al local de la señora Carmen y lo clausuraron por más de 15 días por no tener licencia de funcionamiento. Carmen, al ver su error, se dispuso a sacar el documento solicitado y pagó la mitad de una UIT (S/4,950) de la multa impuesta por la municipalidad. La licencia fue aprobada y el local reabierto; sin embargo, fiscalización volvió y cerró el local nuevamente. Esta vez, la razón fue que el permiso que sacó Carmen para funcionar no era el correcto.

“Me indican que yo estaría en falta al no tener licencia de funcionamiento, pero en realidad ellos aceptaron el pago por la licencia”, comenta Carmen ante lo sucedido. Entonces, ¿por qué el municipio de Surquillo no dijo nada?, ¿sabían que ese no era el permiso correspondiente, dejaron que pague dos veces y permitieron un trámite incorrecto?

La historia se repite, pero esta vez en Ate. Ahora no estamos hablando de un negocio pequeño, de aquellos que, por parecer “débiles”, los toman de punto, sino de un centro comercial que recibe 40 mil visitantes diarios. Se trata del Real Plaza Puruchuco.

Según un comunicado de marzo pasado del centro comercial sobre el cierre del local, los resultados definidos por los inspectores del área de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Ate fueron “arbitrarios”. Y es que, según relataron los funcionarios del Real Plaza Puruchuco, las observaciones eran menores; pese a eso, les dieron 48 horas para que subsanaran todas ellas.

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Una segunda inspección llegó con una nueva comitiva municipal, pero no encontró faltas. Por la noche, un tercer y diferente grupo de fiscalización asistió al establecimiento; esta vez dieron recomendaciones sobre las medidas de seguridad, pero nada más, todo se encontraría conforme a ley.

No obstante, el inspector que declaró todo en orden no estaba presente cuando otra funcionaria anotó las recomendaciones como si fueran incumplimientos y fue así como se impuso el cierre del local, según explicaron las autoridades del mencionado centro comercial, con lo que se afectó a 250 negocios formales y más de 4,000 empleos directos e indirectos.

Detrás de esos cierres, existiría un turbio modus operandi. Así lo afirman las fuentes de Perú21.

SOSPECHOSA MODALIDAD

El pasado 2 de junio, los medios de comunicación locales anunciaban que el centro comercial Santa Clara había sido clausurado, aunque eso nunca pasó. ¿Cómo la prensa sabía de un cierre que no sucedió?

Fuentes de este diario indicaron que este es el modus operandi de la Municipalidad de Ate. Llegan a los negocios de la noche a la mañana con el único objetivo de cerrar locales, mas no de mejorarlos. Por un sticker desgastado o por una caja desordenada, imponen multas y cierran tiendas.

Después de clausurar los locales, piden a los negocios allanarse (declarase culpables) y pagar la multa. Si el negociante desea conversar con las autoridades o reclamar el cierre arbitrario, no puede hasta que pague la multa.

Tampoco pueden apelar a la sanción porque, al pagar la deuda impuesta por la municipalidad, se aceptan los supuestos errores cometidos y cada día que pasa representa pérdidas. A algunos comerciantes la municipalidad les pide colaboraciones a cambio de reabrir sus negocios.

Nunca antes habían visto algo similar, en ninguna gestión municipal. Desde que ingresó el nuevo alcalde, Franco Vidal Morales, los cierres se dan por montones y a cada rato.

La subgerente de Control, Operaciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate, Betsy Mejía Sánchez, indicó a este diario que “la subgerencia viene aplicando cabalmente las normas; el porqué no se aplicaban anteriormente lo desconocemos”.

Por otra parte, Mejía aseguró que todos los negocios son informados con tres días de anticipación de que llegarán a fiscalizarlos y que “los códigos de infracción están establecidos desde 2018; por lo tanto, las infracciones que se aplican no son para nada nuevos”.

Acerca del alza de cierre de locales, dijo que “las clausuras que han sido ejecutadas en lo que va del año se han llevado a cabo en el marco de la aplicación de las normas vigentes”.

HABLAN LOS EXPERTOS

El abogado Jorge Lazarte indicó a Perú21 que este abuso de autoridad no es una modalidad de “extorsión” reciente, sino que se aplica desde hace varios años.

“Han establecido una discrecionalidad para interpretar las normas y consideran que hay infracciones que motivan cierres; se han presentado casos en los que han cerrado locales porque les falta una tijera en el botiquín o porque un fluorescente no prendía. Eso hace un daño enorme no solo a las grandes empresas, sino a los microempresarios”, señaló.

Según Lazarte, este mecanismo se ha “normalizado” porque “encuentran observaciones absurdas para cerrar locales y obligar a que paguen la multa; todos los gobiernos municipales han desarrollado esta práctica para acceder a un ingreso económico y cobrar dinero”.

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, confirmó a Perú21 los abusos que están enfrentando y que han aumentado en un 30% estos mecanismos de control extremo.

“Las municipalidades siempre están inspeccionando tu negocio. Cuando no has puesto un letrerito, estás en falta y te cierran el local. Estas son faltas administrativas que se deben manejar dentro de los procesos administrativos”, aseguró Choy.

También comentó que son los mismos fiscalizadores quienes ponen “trabas” y de esta manera el negociante se ofrezca a pagar coimas.

“Quieren que tú les digas ‘¿cómo arreglamos?’ y se generan estas coimas. Todo depende del estado anímico del funcionario”, comentó.

El presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Carlos Neuhaus, detalló otras inexplicables razones por las que se han cerrado estos establecimientos.

“Por no tener bien ordenado el almacén de la trastienda o por pretextos absurdos, como porque en el cuarto de máquinas no había una señalización de ingreso y salida, y nada que ver con un problema de fondo; los cierran y no abren hasta que no paguen, pagan el lunes y dos semanas después les caen de nuevo, es un abuso”, declaró.

Por otra parte, Neuhaus reclamó que muchos de estos cierres se hacen los días donde la asistencia a centros comerciales es más grande, como el jueves o el viernes, y los fines de semana.

Al respecto, el abogado especialista en derecho municipal Johnny Zas Friz Burga aseguró que primero debería haber una medida de advertencia y luego la sanción final.

“Habría que ver los casos concretos, revisar los cuadros de sanciones donde se tipifican las faltas. Lo ideal es que haya una acción preventiva y proporcional de las municipalidades, pero, si se trata de faltas leves, debería haber una acción más preventiva, porque claramente no solamente es la multa, sino todo lo que implica”, argumentó.

Friz Burga alegó que debe considerarse que la clausura de un establecimiento comercial, así sea momentánea, no solo afecta a la inversión misma, sino también a los consumidores.

“El cierre tiene una afección a la sociedad y a la economía, no solamente a la persona involucrada directamente; es un tema que está en el marco de la discrecionalidad de la entidad municipal, que tiene que tener otra actitud frente a la aplicación de las sanciones”, aseguró el abogado.

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