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La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) dispuso el inicio de un proceso disciplinario de oficio contra Abel Pulido Alvarado, titular del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de la Corte Suprema de Justicia, por emitir una resolución que autorizaba la ilegal interceptación telefónica al congresista Luis Galarreta y a otras 20 personas, en el marco de las investigaciones del caso Rudy Palma.
La OCMA consideró que Pulido se habría arrogado atribuciones que no son de su competencia "al emitir un auto de medida limitativa autorizando el levantamiento del secreto de las comunicaciones, sin tomar en cuenta que la Investigación desarrollada se vinculaba con delitos que no estaban dentro de su competencia funcional", por lo que habría incurrido en falta muy grave.
En el caso de la servidora judicial Carmen Arias Tello, la OCMA estimó que no existe mérito para iniciar procedimiento disciplinario contra ella, en su actuación como secretaria judicial del mencionado juzgado.
