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La Contraloría General de la República demandó por la vía civil a funcionarios de la Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu S.A. (Egemsa) que habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico por más de S/.33 millones, durante la gestión administrativa del periodo enero 2007-marzo 2013.
El organismo detectó que funcionarios de Egemsa conocían la existencia de muros incas en la zona donde se construiría uno de los dos desarenadores proyectados como parte de la rehabilitación de la central hidroeléctrica Machu Picchu, esto durante la elaboración del expediente técnico de la obra.
Pero no lo comunicaron ni advirtieron dicho suceso al Instituto Nacional de Cultura (INC) de ese entonces, para que disponga las acciones correspondientes respecto a la presencia de dichos muros.
Durante la etapa de ejecución de la obra y ante la presencia de los citados muros incas, la Dirección Regional de Cultura del Cusco recomendó a Egemsa la presentación de un proyecto de puesta en valor que involucrara el retiro de los muros incas en cuestión.
Sin embargo, los funcionarios de Egemsa paralizaron la construcción de los dos desarenadores proyectados, buscando alternativas para modificar el expediente técnico y evitar los muros incas a pesar que uno de ellos no tenía ninguna interferencia, detalló la Contraloría en un comunicado.
Después de 10 meses de paralización, Egemsa ordenó a la contratista continuar la ejecución de los desarenadores según el expediente técnico original e iniciaron la implementación de la recomendación inicialmente planteada por la Dirección Regional de Cultura del Cusco.
La constructora, en virtud de dicha paralización, solicitó una ampliación de plazo para culminar los trabajos, pedido que fue denegado y que conllevó a que ambas partes vayan a un proceso arbitral.
El proceso arbitral reconoció el pago de mayores gastos generales a la empresa contratista por S/.33'790,000, monto del perjuicio económico contra el Estado, cuya responsabilidad recae en los funcionarios de Egemsa que intervinieron en la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra y la ejecución del contrato.
La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General presentó la demanda civil que actualmente se ventila en el 12° Juzgado Civil del Cusco.
