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Con el motín de internos registrado el último lunes en el penal Miguel Castro Castro queda aún más claro que el gobierno, y específicamente el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, no es suficientemente célere y responsable como lo demanda esta pandemia. El hacinamiento de los penales era una bomba de tiempo cuyo reloj corría desde hace más de un mes, pero no se hizo lo necesario para evitar su estallido.
Las cifras brindadas dejan en claro la cruda realidad: 44 internos muertos (30 por COVID y 14 en motines) y siete trabajadores del INPE fallecidos.
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Respecto del motín de Castro Castro, el INPE informó que los 9 presos murieron mientras la policía tomaba el control del recinto ubicado en San Juan de Lurigancho.
Los internos exigían ser sometidos a pruebas de descarte del coronavirus, mascarillas y medidas sanitarias para evitar el contagio. Fueron necesarios 200 efectivos para reducir a los internos que tomaron los pabellones de la cárcel, que actualmente alberga a 5,690 cuando solo tiene espacio para 1,142 (casi 400% de sobrepoblación).
El enfrentamiento también dejó a 60 agentes penitenciarios y 5 policías heridos.
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El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, no pudo ocultar ayer las “circunstancias críticas” que atraviesan las 68 cárceles del país y reiteró, en sesión virtual con tres comisiones del Congreso, que se excarcelarán “entre 4 mil y 5 mil internos”.
Los internos del penal Lurigancho también protestaron ayer subiéndose a los techos de los pabellones de la prisión reclamando atención médica.
DEMORA INCOMPRENSIBLE
Desde que el presidente Martín Vizcarra puso los indultos en agenda, en una conferencia de prensa del 25 de marzo, ningún sentenciado ha gozado de ese beneficio por estar expuesto al COVID-19.
La semana pasada, el ministro Castañeda reveló que 100 condenados por no pasar pensión de alimentos abandonaron las cárceles tras pagar sus deudas.
Esa figura la impulsó el Ejecutivo como una alternativa para la liberación de cárceles. Pero es insuficiente. Actualmente existen más de 97 mil personas encarceladas, cuando la capacidad del sistema penitenciario es para 40,339 detenidos. El jueves, se publicó el decreto que agiliza el proceso de indultos para un grupo de condenados que no incluye a los que cometieron delitos graves como terrorismo o corrupción.
Desde esa fecha hasta hoy, no obstante, el INPE no ha recibido ninguna notificación del gobierno para proceder con las excarcelaciones, de acuerdo con las fuentes.
OTRAS ALTERNATIVAS
De los 97 mil presos, más de 34 mil son procesados. Es decir, cumple prisión preventiva y están a la espera de una sentencia. Para la abogada experta en Derecho Penal, Josefina Miró Quesada, los jueces deben hallar otras alternativas a la privación de la libertad.
“Queda claro que el escenario es diferente, antes de la cuarentena había riesgo de fuga y obstaculización de los casos; ahora, si se quiere garantizar la presencia de una persona está la figura de la comparecencia o el arresto domiciliario, incluso la del grillete electrónico”, explicó.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, también se pronunció sobre esta crisis en los penales. “Propuse al presidente Vizcarra, en el Consejo de Estado del 23 de marzo pasado, evaluar el riesgo de contagio del personal penitenciario y de las personas privadas de libertad, proponiendo agilizar el indulto presidencial”, recordó.
En aquella ocasión advirtió de motines y eventuales fugas y que, por ello, había que tomar acciones rápidas. “Debemos hacer todos los esfuerzos para resolver esta grave situación. No podemos perder más tiempo”, indicó en declaraciones a Perú21.
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Datos:
- Ayer se confirmó el deceso del director del Penal El Milagro en Trujillo, Ricardo Piedra Cáceda, a causa del coronavirus. Era uno de los 13 trabajadores penitenciarios que estaba en aislamiento.
- El ministro de Justicia dijo en el programa de Jaime Chincha que no piensa renunciar, pero que su cargo está a disposición.
- Actualmente hay 645 reos contagiados.
