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El Senado de México aprobó una ley de amnistía que otorgaría la libertad de unas 6,000 personas en prisión preventiva o condenados por delitos leves. La norma se dio con el fin de descongestionar las cárceles y evitar el contagio de COVID-19.
La ley de amnistía fue aprobada con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones en una sesión en la que los senadores vestían mascarillas y guantes para evitar ser contagiados de COVID-19.
La aprobación de la norma fue acelerada por la pandemia de coronavirus en México, donde se registran 8,261 casos positivos de COVID-19 y 686 muertos.
Asimismo es impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar personas que cometieron delitos en condición de vulnerabilidad.
Entre los beneficiados por la ley de amnistía están las mujeres condenadas por abortar, así como a los médicos y técnicos que particpiaron en el procedimiento.
También a aquellos que traficaron con drogas “bajo una siutación de pobreza, una discapacidad permanente o fueron obligados por grupos criminales”.
Se incluyen además los indígenas que fueron condenados sin contar con traductores durante el proceso.
De igual manera serán beneficiados los encarcelados por delitos de robo simple sin violencia o condenados por sedición.
La norma dispone que una comisión gubernamental estará encargada de solicitar ante el juez y la Fiscalía la liberación o desistimiento del juicio contra las personas imputadas de los delitos. Las autoridades tendrán un plazo de cuatro meses para decidir respecto a cada caso.
La norma precisa que no se incluyen como beneficiarios a las personas que perpetraron los dleitos con violencia, reincidentes o condenados por delitos graves como asesinato, feminicidio, secuestro, robo de casas o robo de combustibles.
Asimismo, solo se aplicable a condenados en cárceles federales y no estatales, que concentran la mayoría de presos en el país.
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La oposición al gobierno de AMLO criticó la norma por otorgar la impunidad a delincuentes. Asimismo sostuvieron que, en su lugar, se debió debatir legislación sobre medidas económicas para afrontar el COVID-19.
El senador Damian Zepeda del Partido Acción Nacional acusó que la norma únicamente liberaba “delincuentes” y afirmó que los senadores se negaron a legislar a favor de los trabajadores del país.
En caso el presidente no observe la norma y decida promulgarla, los congresos de los 32 estados de México deberán debatir si adaptan esta ley federal a sus legislaciones locales.
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