A ciegas contra la delincuencia

La desigualdad, la pobreza, el desempleo, la crisis de valores y la progresiva destrucción de la familia son algunas de las causas de la delincuencia, y en el Perú estas van en aumento. No por nada, según el INEI, el 28% de la población de 15 años a más en el ámbito urbano a nivel nacional fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que el 85% de la población percibe que puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad.

Las estadísticas también revelan que la delincuencia y la corrupción siguen siendo los principales problemas del Perú. Esta situación se aúna a los bajos niveles de confianza en la Policía y las instituciones que pertenecen al sistema de justicia penal, estableciéndose el 18.8%, 12.8% y el 10.5% para la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, respectivamente. Cifras que, por más políticas y planes que se decretan, van en aumento, lo que revela que los responsables de garantizar la seguridad interna del país deben reflexionar y asumir el desafío con una mirada mucho más integral, coordinada y sostenida.

Y esto se evidencia en los resultados del último operativo de control Seguridad Ciudadana 2024, realizado por la Contraloría General con la participación de más de mil auditores y especialistas desplegados en todo el territorio nacional de febrero a marzo de este año. Los resultados arrojan un hecho gravísimo, que el Estado lucha prácticamente con los “ojos cerrados” contra la delincuencia.

Primera evidencia: en junio de 2022, mediante decreto supremo, se publicó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana a 2030, elaborada en coordinación con expertos durante reuniones bilaterales y multilaterales, debido a que se trata de problemas de carácter público y cuyo abordaje es de prioridad nacional. Dos años después, poco o nada de cumplimiento se observa.

Basta con haber corroborado que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados que permitan comprender el progreso de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana a 2030, ya que ni siquiera se recopila ni sistematiza información para evaluar, medir, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación en el país sobre adolescentes víctimas de violencia, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en colegios, trabajo infantil, víctimas de robo, tasa de homicidios, delitos cometidos con armas de fuego, violencia sexual, entre muchos otros.

Este incumplimiento pone en riesgo la prevención, la reducción de la victimización y disminución de los delitos de complejidad, ya que “a ciegas”, no importa el plan que se elabore, no tendrá resultados positivos, como desgraciadamente lo estamos viviendo en la actualidad.

Segunda evidencia: no se ha emitido ni aprobado el plan de asistencia técnica para los comités de seguridad ciudadana de las municipalidades provinciales y distritales, lo cual evita que se cuenten con instrumentos para formular, implementar y evaluar acciones contra la delincuencia.

Tercera evidencia: algunas comisarías carecen de equipamiento policial básico para el patrullaje, como varas de ley, grilletes y chaleco antibalas, en tanto que más de las dos terceras partes no cuentan con radios para estar intercomunicados, escudos y alcoholímetros, lo cual afecta la seguridad de nuestra Policía y, por supuesto, la efectividad de su labor. Además, más del 83% de comisarias no formuló planes de patrullaje por sector en sus jurisdicciones, lo cual afecta la vigilancia, prevención, intervención y auxilio a favor de la población. Y no hay que olvidar que el 13% de las comisarias no cuenta con vehículos para patrullaje y, de las que sí, el 46% de los vehículos asignados está inoperativo.

Y ni hablar de la lamentable situación en la que se encuentran los alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía. Y aquí viene una cuarta evidencia: en regiones como Lima, Cusco, San Martín, Piura, Junín y Lambayeque, observamos deficientes infraestructuras, incluso con riesgo de colapso, en dormitorios, aulas, servicios higiénicos, sistemas de agua potable; Estado precario de mobiliarios, computadoras. ¿Así estudian nuestros futuros policías? ¿Así cuidamos a quienes nos protegerán en el futuro?

No podemos seguir luchando contra la delincuencia a ciegas ni maltratar a quienes luego les pediremos que nos cuiden. A la institución policial se le respeta, y aquí nos involucramos todos. Es imprescindible restablecer el principio de autoridad en nuestra sociedad. Nada se puede logran sin orden.

Frente a la grave problemática descrita, nos toca exhortar firmemente la ejecución de medidas correctivas urgentes; autoridades y gestores deben ser capaces de corregir y mejorar la seguridad ciudadana y el orden interno, esenciales para fortalecer nuestro sistema democrático y reactivar la economía como medio fundamental para reducir la pobreza, y generar empleo y bienestar para toda la población peruana.

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