El Gobierno anunció el endurecimiento de las penas por bloqueo de vías de tránsito, daño a la propiedad pública, así como para los organizadores y azuzadores de estos delitos. Esta medida, que implica hasta 15 años de prisión, es importante pero insuficiente ante nuevas convocatorias de protestas.
Como se recuerda, tras el fracasado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo hace un año, simpatizantes del golpista salieron a las calles. Muchos de ellos, utilizando la violencia, bloquearon carreteras, tomaron aeropuertos y dañaron las instalaciones públicas y privadas. Estos actos perjudicaron a miles de peruanos. Muchos de ellos estuvieron varados por días en carreteras desérticas, sin alimentos ni agua; otros, vieron cómo sus productos se podrían bajo el intenso calor. Incluso, hubo muertes en las vías debido a los bloqueos.
Un año después, sectores vinculados al golpista Pedro Castillo, nuevamente anuncian movilizaciones. En Ica, en el sector de Barrio Chino, vándalos bloquearon por unas horas la carretera, hasta que la Policía restableció el tránsito. Sin embargo, otros grupos anunciaron protestas para el 7, 8 y 9 de diciembre a nivel nacional. De bloquearse nuevamente carreteras, afectará a millones de comerciantes que aún no se recuperan de la pandemia ni de los estragos de El Niño Global.
Los derechos de todos los peruanos deben respetarse. Los ciudadanos están protegidos para transitar libremente, así como para protestar de forma pacífica. Sin embargo, el bloqueo de vías o la toma de instalaciones portuarias, no son una protesta pacífica, sino un atentado contra miles de ciudadanos cuyas vidas y negocios son arriesgados.
La medida que aumenta las penas es importante, pero de nada servirá si los vándalos que cometen esos delitos no son apresados o si lo son, los liberan sin sentenciarlos. Es por ello por lo que se necesita una acción coordinada entre la Policía Nacional, que será la encargada de establecer la estrategia para proceder con las detenciones, y el Ministerio Público, que deberá garantizar rapidez en las sentencias por estos actos. De no hacerlo, seguiremos viendo a miles de ciudadanos varados en las carreteras a merced de vándalos y la continuidad de un Estado que nunca supo hacer cumplir la ley por aquellos delitos.
