[Opinión] Mariana Alegre: ¿Cuál es el miedo?

Uno de los logros del gobierno de transición de Francisco Sagasti fue el desarrollo y aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) y la Política Nacional de Vivienda, que incorporaron un nuevo enfoque para el desarrollo urbano. Aunque perfectibles, la Ley DUS y la política nacional incorporan distintos conceptos e instrumentos para la gestión del suelo que, entre otras cosas, permitan generar más vivienda de interés social.

En este momento, la oferta formal de vivienda no satisface la demanda de la población y el déficit es atendido por vías informales, lo que condena a muchas personas a caer en las garras de las mafias de terrenos. Esto es perverso pues no solo se juega con la necesidad de la población, sino que el sueño de la casa propia se construye sobre terrenos vulnerables y zonas riesgosas, lo que daña ecosistemas, y se crece desordenadamente y a costos muchos más elevados en el mediano y largo plazo.

La Ley DUS permitía ordenar este desastre y daba los pasos correctos para una verdadera gestión urbana en nuestro país. Sin embargo, este avance está ahora amenazado por el Proyecto de Ley No. 3393-2022-CR, que pretende retroceder en aspectos tan importantes como volver a tener la opción de hacer cambios de zonificación específicos y no integrales. Con ello, se regresa al modelo anterior, en el que eran los distritos y no la provincia los que deciden los usos de suelos, función que correctamente se debe hacer desde una mirada más amplia de ciudad. Pretenden eliminar instrumentos de financiamiento para los gobiernos locales, impidiéndoles desarrollar de manera organizada sus territorios.

Además, el proyecto elimina el equipamiento urbano que se debe aportar al generarse una nueva urbanización y autoriza que solo hagan el pago del valor de terreno a precio arancelario, es decir, a una décima parte del valor comercial. Ridículo. También elimina la prohibición de discriminación en los parámetros edificatorios, factor que se incorpora para garantizar que viviendas de interés social puedan ser construidas en zonas de mayor valor.

No solo esto. Permite que se especule con el valor del suelo, que la política de vivienda sea solo subsidios para los créditos hipotecarios, descartando opciones para ofrecer más vivienda social y limita la opción de tener operadores municipales, entre otros aspectos problemáticos.

¿A qué le tienen miedo? ¿A ciudades y territorios planificados con una buena oferta de vivienda para todos los sectores? En realidad, a lo que le tienen miedo es a perder la gran tajada del negocio inmobiliario que se llevan a manos llenas en desmedro de todos los ciudadanos.