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El presidente, haciendo un pésimo cálculo político, anunció que convocaría a un referéndum para decidir sobre la existencia de la inmunidad parlamentaria. Aquello debido a que, un día antes, la votación que requería de 87 votos para eliminar la inmunidad parlamentaria no alcanzó el número necesario. Sin embargo, el presidente no imaginó que el Congreso, ante el anuncio del mandatario, también incluiría y aprobaría la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios (presidente y ministros). Es decir, en lenguaje coloquial, el presidente fue por lana y salió trasquilado.
Por un lado, el Congreso, sumamente irresponsable, debatió y aprobó, en dos horas, una nociva reforma constitucional que ni siquiera se debatió en comisiones. Sin embargo, a pesar de que necesitará una nueva votación en la siguiente legislatura, donde requerirá como mínimo 87 votos, es un riesgo para el Estado de Derecho la facilidad y rapidez con la que un Congreso populista puede modificar la Carta Magna. Por otro lado, es la segunda vez que el presidente, imprudentemente, recurre a la consulta popular para decidir temas trascendentales que requieren de debates serios y prolongados, no de electores apasionados ni de políticos en campaña. Además, el presidente criticó al Congreso por su accionar, pero parece olvidar que fue él quien inició la mala costumbre de exigir al Congreso que apruebe reformas constitucionales en plazos excesivamente cortos.
La competencia populista emprendida por el presidente Vizcarra y el Congreso no solo generará una confrontación e inestabilidad innecesaria, sino que los precedentes que ambos dejan son sumamente peligrosos, puesto que el Estado de Derecho puede cambiar al ritmo del que lo hacen las encuestas, y aquello convertirá al país en un infierno para las inversiones.
