Condecoraciones

Las investigaciones en la Comisión de Ética contra Alberto de Belaunde y Daniel Olivares son una ridiculez y una reivindicación de que esa comisión se ha convertido en una cofradía para lavarles la cara a los amigos y perseguir a los enemigos.

Ambas investigaciones, antes que manchar, confirman el buen paso de De Belaunde y Olivares por el Parlamento. Son una distinción que los ubica en la orilla opuesta de quienes han hecho de este Congreso un ejemplo de lo infame. La embestida, además, llega en clave de venganza de quienes avalaron el ascenso ilegítimo de Merino y la violencia policial. No es casualidad que las investigaciones hayan sido aprobadas por representantes de Fuerza Popular, UPP, AP y Frepap, cuatro partidos que aportaron varios votos para la vacancia que sumergió al país en el caos.

La imputación contra De Belaunde no podría ser más infundada: lo acusan de difundir una lista de personas supuestamente desaparecidas durante las protestas en noviembre. ¿Qué querían que haga el legislador si había jóvenes que no aparecían luego de una marcha donde se registraron dos asesinatos? Buscar a quien se reporte desaparecido no solo es lo que cualquiera haría, sino una obligación de toda autoridad y del Estado. Como dice el penalista Azabache, esta investigación ataca directamente al derecho de los manifestantes a contar con un mínimo de protección parlamentaria.

La imputación contra Olivares es absurdamente moralista. Se sustenta en que dijo que fuma marihuana y eso, afirman los legisladores, afecta su investidura y la buena conducta. ¡Qué hipocresía! Ni mencionar que fumar marihuana en Perú es legal. Es sintomático que esa misma comisión decidiera no investigar a José Luna Morales luego de que una de sus empresas se quedase con aportes pensionarios de sus trabajadores o a los legisladores que promovían cloro como cura del COVID, poniendo en peligro a millones.