Desbaratando políticos en Perú

Jorge Barata, el ex director ejecutivo de la constructora Odebrecht, colabora con la justicia brasilera y peruana para favorecer su situación judicial. La semana pasada habló detalladamente sobre transacciones en Perú, resaltando el clandestino financiamiento de campañas políticas en Perú.

Los ilegales aportes –en busca de obvios retornos rentables para la empresa– estuvieron en izquierdas, centro y derechas. Ollanta Humala, Susana Villarán, Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski son señalados como beneficiarios, a través de sus organizaciones políticas.

Queda claro que no se trataba de una afinidad ideológica por parte de los brasileros, sino de una sistemática y corrupta acción para asegurar negocios con los principales políticos de turno.

No sorprende la negativa categórica de los implicados. Tampoco resultan sorpresivas para la ciudadanía (la mayoría poco enterada sobre la política y con un repudio generalizado a las élites partidarias). Sin embargo, debemos tener cuidado en referirnos a “todos los políticos” como financiados por Odebrecht y otros delincuentes, porque ello llevaría a una descalificación generalizada de nuestros representantes; inexactitud que golpearía mortalmente nuestra débil democracia. Muchos sí, todos no.

Mientras el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, señalaba que Barata había confirmado su hipótesis de trabajo sobre los aportes de Odebrecht, los congresistas –que actúan como escuderos de sus líderes políticos– nos recordaban la ineficacia legislativa para enfrentar el problema del financiamiento de los “partidos políticos”, o mejor dicho, de agrupaciones que en la mayoría de casos no pasan de ser desorganizados vehículos electorales con cúpulas caudillistas.

Si hubo solo faltas administrativas en los aportes de campañas o se pueden probar delitos, es todavía un capítulo incierto de esta dramática novela.