¿Empresa estatal de minería?

Cada vez que algo parece no funcionar en nuestro país los peruanos recurrimos a leyes de fachada y pronunciamientos de apaciguamiento para enfriar la incontinencia, así estas no ofrezcan ninguna solución ni remedio inmediato.

No solamente eso, sino que, además, algunos grupos meten su cuchara y exigen una solución a medida, amenazando con convocar protestas “pacíficas” si es que sus exigencias no son atendidas perentoriamente, como si el Universo girara en torno a ellos.

Y de pronto, en medio del bullicio, una suerte de entropía se instaura: todos piden, reclaman y hasta redactan sus propios proyectos de ley para que las autoridades competentes las revisen, sin modificar ni una sola coma o punto.

Esto es lo que ocurrió con el anuncio de la nueva Ley General de Minería, que no solamente se cocina en el Ejecutivo, también en la sede de varios patronatos, en la Mancomunidad del Sur y, por supuesto, en los sindicatos.

Como no podía ser de otra manera, los presidentes regionales del sur han estado ocupados redactando un anteproyecto de la Ley de Minería. Y la propuesta que se llevó la palma no fue nada menos que, ¡la creación de una empresa minera estatal! En el Perú la memoria es frágil y estamos condenados a repetir los mismos errores.

Lo que ocurre aquí es una confrontación de agendas. La derecha liberal en el Perú está abierta a insertar modificaciones que aseguren la protección de poblaciones vulnerables de la actividad minera, pero no a claudicar ante grupos ideologizados de izquierda cuyo único objetivo es el de erradicar, protesta a protesta, el modelo económico imperante que tantos beneficios nos ha dado.

Sí, seamos inmisericordes con empresas corruptas y abusivas. Sí, no hagamos leyes tampoco a medida de multinacionales o grupos empresariales. Pero no nos dejemos engañar por algunos actores políticos que utilizan las mentiras y la violencia para promover sus agendas. Esta ley no cambiará el problema de fondo, solo servirá de parche momentáneo hasta que se presente el próximo filón que explotar por parte de la izquierda radical.

Puede que existan reclamos justificados, ya que la ley actual goza de sus buenos treinta años, lo que la mantiene al margen de los nuevos avances tecnológicos y requisitos ambientales, por lo que ciertamente se le puede considerar desfasada.

Pero una cosa es reconocer y señalar las dolencias y, otra muy diferente, es el rediseño completo de una ley que le ha generado al país ingentes entradas de divisas, rociado de bienestar a comunidades y engrosado el presupuesto estatal para invertir en proyectos sociales.

Lo que quieren personajes como Marco Arana y Cáceres Llica, es bajarse una de las tuercas que facilitan la combustión del motor de nuestro sistema económico. De esa forma irán debilitando poco a poco, el sistema que tanto aborrecen para instaurar el suyo, que no es nada menos que un calco del chavista.

Por lo pronto, parece que el Ejecutivo no modificará las cuestiones relacionadas al régimen tributario, sino que concentrará sus esfuerzos en limar y modificar aquello relacionado con las licencias sociales y de construcción. No obstante, el presidente ha demostrado ser bastante laxo en sus compromisos, y es que en el pasado sus propuestas se han visto cinceladas por grupos exógenos, a base de presión y amenazas.