La apresurada aprobación de la ley que autoriza el nombramiento automático de maestros de educación básica regular, justo al filo del cierre de la legislatura ordinaria, representa una nueva victoria de la llamada ‘contrarreforma educativa’.
No contentos con haber cercenado la autonomía de la Sunedu –con el taimado objetivo de favorecer los intereses de las universidades bamba– y haber debilitado el Consejo Nacional de Educación, ahora intentan tumbarse el modelo meritocrático que se logró implementar en la docencia de las escuelas públicas.
Un nuevo retroceso en el esfuerzo que se había emprendido para ir hacia una educación de mayor calidad para los peruanos, con mejores profesores nombrados o contratados en estricto respeto de la meritocracia, es decir, de sus calificaciones y capacidad como profesionales.
El Ejecutivo ya anunció que observará la norma, pues afecta el principio de igualdad de oportunidades para los docentes que se prepararon para los concursos de ingresos. Estos esforzados maestros ahora podrían incluso ver afectadas sus plazas con la incorporación masiva de otros colegas que, si bien pueden tener algunos años enseñando, no pasaron las evaluaciones o simplemente no quisieron postular. Una estrategia impulsada, como se sabe, por el sector gremial de Pedro Castillo. A la Fenatep, sobra decirlo, pertenece la gran mayoría de profesores desaprobados en los exámenes de conocimientos para ser contratados o ascendidos en el escalafón del sector.
El Consejo Nacional de Educación ha expresado su preocupación al respecto, y hoy, en una entrevista con Perú21, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, señala que ellos también están en contra de la ley. Los únicos que la vieron positiva son los congresistas de la izquierda en alianza con bancadas vinculadas a negocios educativos como Alianza para el Progreso y Podemos Perú.
El lucrativo negocio de la mala educación no puede superponerse a la necesidad –más que necesidad, urgencia, si consideramos los resultados de las pruebas PISA de la última década– de subir la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes en las escuelas públicas. Alentar el empobrecimiento del personal docente con un nombramiento automático por el solo hecho de tener tres años ejerciendo en un colegio, constituye un nuevo atentado de este Congreso contra el futuro del Perú.
