El magnicidio ocurrido en Ecuador es un amargo y nuevo recordatorio de los peligrosísimos extremos a que se está dejando llevar la política latinoamericana, cada vez más contaminada por los intereses y las malas artes del crimen organizado.
Fernando Villavicencio, antes de ser candidato a la presidencia, era un periodista de investigación que se ganó la enemistad del expresidente Rafael Correa, hoy prófugo en Bélgica, y de sus partidarios debido a sus artículos y denuncias de corrupción en las altas esferas de gobierno (vía coimas de Petroecuador, Odebrecht, PetroChina). Investigaciones y denuncias que se extendían asimismo a la penetración de los ingentes fondos del narcotráfico en la política ecuatoriana.
Una tarea realizada a fondo una vez que, de la prensa profesional, Villavicencio dio el salto al activismo político, llegando hasta el Parlamento de su país, donde continuó destapando escándalos y abusos de poder. Las circunstancias de su asesinato al terminar un mitin de campaña son aún confusas, pero los indicios apuntan al Cartel de Sinaloa, que había puesto precio a su cabeza.
Sin embargo, en un contexto en que las fronteras de la delincuencia y la política a menudo se disuelven, tampoco se puede descartar los objetivos políticos que podrían haber estado detrás del asesinato de quien era un político honrado, dispuesto a luchar contra la corrupción hasta las últimas consecuencias.
La candidatura del occiso iba en alza en las encuestas, que por la dispersión de postulantes eran todavía lideradas por los herederos de Correa, aunque, según algunos observadores, el gran beneficiado –si cabe el término– por este asesinato, en lo que respecta a la contienda electoral, podría ser un candidato que se presenta como émulo del salvadoreño Bukele.
De cualquier manera, este luctuoso suceso nos vuelve a recordar los riesgos que las democracias –no solo latinoamericanas– están corriendo al permitir que los dineros del hampa, del crimen organizado, se cuelen en las partidocracias y hasta tengan desembozados representantes en sus gobiernos o parlamentos.
Sucede en Ecuador, pero en el Perú, por ejemplo, tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Nuestro país no está tan lejos de Ecuador y no nos referimos, desde luego, a la geografía.
