Investigado por cumplir mi deber

Desde hace años, en el Perú parecen convivir dos mundos paralelos. Uno real, en el que viven casi todos los peruanos, quienes sufren problemas cada vez más apremiantes. Y otro, el mundo político, que parece más centrado en la confrontación y el conflicto permanente. Una nueva muestra de esto es la decisión, esta semana, de la Comisión de Ética del Congreso –con los votos del Frepap, Fuerza Popular, UPP y Acción Popular– de abrirme una investigación por el rol que desempeñé denunciando los abusos cometidos frente a las protestas de noviembre tras la vacancia.

Es una investigación insólita. Nace de una denuncia presentada por un ciudadano que, en el documento, critica las marchas, me acusa de haberlas azuzado –cuando es sabido que su origen y desarrollo fueron eminentemente ciudadanos–, y me culpa de “mancillar la imagen del Congreso” por haber compartido las listas de personas que no lograban ser ubicadas tras la represión del sábado 14 de ese mes.

Aquella semana, todos fuimos testigos del violento accionar usado para acallar las protestas ciudadanas. La misión enviada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recopilado evidencia de: intentos de impedir las concentraciones, uso excesivo de la fuerza, detenciones irregulares, intentos de violación a la libertad de expresión y, también, el incumplimiento de las medidas necesarias por parte del Estado para prevenir desapariciones forzadas.

Recordemos que la noche del sábado 14, en los momentos de mayor represión, empezaron a llegar los reportes de los fallecidos y heridos. Y también denuncias de personas que no sabían del paradero de sus conocidos. Gente que, en el caos, había perdido contacto con sus amigos y no se lograba comunicar con ellos, o familias que aquella madrugada –o incluso hasta el día siguiente– seguían esperando la llegada de alguien que salió a marchar y aún no llegaba a casa.

Como ha reiterado esta semana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “Ante la inacción y falta de legitimidad del gobierno de Manuel Merino, la CNDDHH y diversas organizaciones, como las federaciones de estudiantes universitarios y, posteriormente la Defensoría del Pueblo, sistematizaron la información sobre las personas no ubicadas”.

Siguiendo mi deber como representante, compartí esta preocupante información, pidiendo que la sociedad y el Estado reaccionaran como correspondía. A través de los medios, pedí a la gente que si no tenía noticias de sus seres queridos, denunciara la desaparición cuanto antes, y exigí al Estado la búsqueda inmediata de cada persona. Esta exigencia se sustenta, no solo en el sentido común, sino también en los estándares de derechos humanos que, como país, estamos obligados a cumplir ante la comunidad internacional.

Estas listas, por supuesto, no fueron estáticas. Me consta que, con el esfuerzo de muchos, poco a poco se fue tachando cada nombre. En algunos casos, las personas habían llegado a su casa muy tarde por la dificultad de transporte. En otros, habían sido retenidas y liberadas recién después de horas. También se descartaron los nombres cuya veracidad no pudo ser comprobada.

El caso más grave es el de Luis Fernando Araujo, quien ha denunciado haber sido secuestrado y maltratado por casi 3 días. Recordemos que él afirma que su liberación se dio gracias a la presión en los medios de comunicación.

Además, como ha señalado la CNDDHH: “La Fiscalía investiga también los casos de otros dos jóvenes que declaran haber sido detenidos y golpeados por la Policía sin que su paradero fuera nunca reportado. Asimismo, se encuentra analizando en qué circunstancias las demás personas no ubicadas perdieron contacto con sus familiares, pues en varios casos ello se relacionó con situaciones de abuso policial”.

Por supuesto, no me arrepiento de mi accionar. Ante denuncias de personas cuyo paradero es desconocido, especialmente en un contexto de violencia estatal, es un deber reaccionar con rapidez. Hice lo que corresponde a mi función congresal.

Ser investigado por este motivo dirá más sobre quienes decidan dar curso a esta denuncia, que sobre mi trabajo. Y no afectará mi compromiso con la democracia y los derechos humanos. Pero sí podría sentar un terrible precedente en contra de la labor de los congresistas y su capacidad de defender a los ciudadanos.