"Nada dice la CIDH sobre el dinero de narcotraficantes, taladores ilegales, minería ilegal y del contrabando, con el que se financiaron los actos de violencia, como el asesinato del SO2 José Luis SONCCO, quien fue torturado y quemado vivo, o que obligaron a los ciudadanos a desafiar a las fuerzas del orden que resguardaban activos críticos nacionales, que la propia ONU considera como ataques terroristas a quienes pretenden tomar aeropuertos". (FOTO: DIFUSIÓN)
"Nada dice la CIDH sobre el dinero de narcotraficantes, taladores ilegales, minería ilegal y del contrabando, con el que se financiaron los actos de violencia, como el asesinato del SO2 José Luis SONCCO, quien fue torturado y quemado vivo, o que obligaron a los ciudadanos a desafiar a las fuerzas del orden que resguardaban activos críticos nacionales, que la propia ONU considera como ataques terroristas a quienes pretenden tomar aeropuertos". (FOTO: DIFUSIÓN)

El último informe de la CIDH sobre la “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, está lleno de mentiras y medias verdades, aduciendo que en el Perú se violarían sistemáticamente los derechos humanos. La condicional utilizada, como es obvio, estigmatiza con la misma fuerza que una aseveración. Esta postura es inaceptable e insultante para los peruanos, porque no se hace referencia a los reales promotores de la violencia, que son elementos de sendero luminoso y el MRTA, agazapados entre los manifestantes. La CIDH no ha dicho que de manera cruel e inhumana, usaron como “carne de cañón” a humildes campesinos e indígenas, utilizando sus legítimos reclamos sociales. Ya en el pasado nos obligaron a “indemnizar” a los terroristas por casos sin investigación seria y profesional. Hoy persisten en denunciar injustificadamente a más efectivos militares y policiales, 30 años después. Los terroristas ya saben quiénes son sus aliados.

Nada dice la CIDH sobre el dinero de narcotraficantes, taladores ilegales, minería ilegal y del contrabando, con el que se financiaron los actos de violencia, como el asesinato del SO2 José Luis SONCCO, quien fue torturado y quemado vivo, o que obligaron a los ciudadanos a desafiar a las fuerzas del orden que resguardaban activos críticos nacionales, que la propia ONU considera como ataques terroristas a quienes pretenden tomar aeropuertos. La CIDH ya sentenció antes que el Poder Judicial y el Ministerio Público del Perú. Esto es inaceptable e insostenible.

En el ítem “Desarrollo de la protesta y conflictividad social, en el punto 86″, se menciona: “El Estado advirtió a la Comisión sobre la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley… Sin embargo, hasta el cierre del presente informe, no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis”. Nada más falso. Los indicios, pruebas, evidencias, capturas, como la de la camarada ‘Cusi’, entre otros, eran fáciles de constatar, pero se niegan a revelar la verdad

El presidente de El Salvador Nayib Bukele, en recientes declaraciones sobre el papel de la ONU, OEA y la CIDH respecto a “las maras” en su país, les ha dicho “hipócritas” y que hoy aparecen para defender a los “mareros” y no en el tiempo que miles de salvadoreños fueron asesinaros a mansalva por estos grupos criminales. La indignación de Bukele la hacemos nuestra todos los peruanos, porque hoy vemos el grado de ideologización y direccionamiento político con el que actúan mancillando así la soberanía de nuestro país

Por eso, hemos planteado con serenidad y respeto, pero con absoluta energía, que el Perú debe retirarse de la competencia contenciosa de la CIDH y también decirle al pueblo peruano, que nada pasará si se toma esta decisión. Los únicos que entrarán en crisis emocional (y económica) son los progresistas que viven de ellos. Los Estados Unidos de América (EEUU), Canadá, entre otros países, no pertenecen a este organismo y mantienen su independencia en el campo jurídico, al cual nosotros los peruanos también tenemos derecho. Sin temores y sin complejos, salgamos ya de la CIDH. ¡Si se puede!

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