(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)

La aprobación el domingo en la noche de una reforma constitucional amplia por parte del Congreso cogió a muchos con sorpresa. Entre ellos a Marianella Ledesma. La presidenta del TC se enteró por los diarios que se le quitará a la corte una protección que le permite actuar con independencia en la defensa de los derechos y el control del poder. Así de irresponsable ha sido el Parlamento.

El Congreso tenía que resolver un problema puntual: el abuso de la inmunidad parlamentaria. Esto es, que cuando la justicia necesite procesar o arrestar a un congresista por delito común, no se lo blinde indebidamente. Las alternativas estaban en el marco del artículo 93. Pero la “solución” fue a combazos. La reforma terminó abarcando innecesariamente los artículos 99, 117, 161 y 201 referidos a los ministros, presidente, Defensoría y TC.

No hay duda. Es abiertamente inconstitucional. Por forma, carece de debate amplio y público. Por fondo, afecta la gobernabilidad, el balance y control del poder. La clandestinidad y el hígado son malos consejeros.

La respuesta infantil del Congreso a un mensaje presidencial inconveniente se inserta en una dinámica mayor que venimos padeciendo. El uso político de reformas de alcance constitucional como un arma para golpear opositores. Así, por ejemplo, se intentó desnaturalizar la institución de la cuestión de confianza, el regreso del bicameralismo terminó en fiasco y perdimos la posibilidad de reelegir a los buenos congresistas. En todo ello ha estado ausente el sentido de que la Constitución contiene reglas básicas que trascienden a tan lamentables y coyunturales peleas. Sin cabeza fría ni visión de Estado, se trata de una lucha que solo nos asegura la derrota.