Mientras el delito devora la vida social y económica del país, generando un creciente malestar entre la ciudadanía, el Gobierno continúa, erre con erre, empecinado en cobrarse revanchas absurdas contra policías que llevaron a cabo diligencias e investigaciones contra los allegados de Palacio.
No otra cosa es disponer, por ejemplo, que se le abra un proceso disciplinario al coronel Harvey Colchado y a otros miembros de la Diviac que participaron del allanamiento a la casa de Dina Boluarte. Más allá de algún desatino del oficial en sus redes sociales, lo que hizo fue ser riguroso en el cumplimiento de su deber. El Ejecutivo, sin embargo, se las arregló para cobrársela ni bien se generó una rendija administrativa.
Pero si en Palacio creyeron por un momento que iba a pasar desapercibida una disposición que era claramente una venganza presidencial, se equivocaron de medio a medio.
Según la encuesta de Ipsos para Perú21 que se publica en la edición de hoy, el 78% desaprueba la gestión de la mandataria contra el flagelo de la delincuencia que azota el país. El 92%, a su vez, afirma que ella escoge a los ministros del Interior teniendo en cuenta sus intereses personales, antes que por la capacidad profesional del elegido.
La manera más directa de interpretar estos comprometedores guarismos es que los peruanos están convencidos de que la lucha contra el crimen no es prioritaria para nuestros gobernantes. Y sí lo es, en cambio, que la policía sea funcional a sus objetivos mezquinos, inmediatos.
Lo peor es que estas maniobras abusivas del Ejecutivo hacen un daño enorme a la institución llamada a defender la ley y el orden no solo en las calles, sino en las entidades públicas donde la corrupción ha logrado enquistarse como un cáncer. Es la imagen y la moral de la PNP lo que se está debilitando con este manoseo, justo cuando la ciudadanía más necesita de oficiales competentes y honestos para luchar contra el crimen organizado, en todos los frentes que haga falta.
No es mucho lo que ya cabe esperar de la presidenta en este campo, luego de que cada uno de sus planteamientos para mejorar la seguridad pública hayan fracasado tan rotundamente.
Pero si al Gobierno se le acabaron las ideas, es hora entonces de que reaccione y lance una estrategia nacional convocando a todas las entidades involucradas y al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
