La mala nota del Congreso

La escalada parlamentaria contra los avances que, durante los últimos años, la educación ha logrado en el Perú se inició durante el anterior Congreso, pero en el que tenemos ahora parece haber cobrado, además, la irracional fuerza de una consigna. No de otra manera se entiende el expeditivo voto de esos 107 representantes –algunos de ellos, hoy arrepentidos, reconocen que, faltaba más, votaron irreflexivamente– en favor de un proyecto de ley que les asestaría un duro golpe a los alumnos de los colegios públicos.

De la defensa de los intereses de las universidades bamba se ha pasado ahora nada menos que al “rescate” de 14,000 docentes que, tras desaprobar, desde principios de 2014, sucesivos exámenes –o no presentarse a rendirlos, a sabiendas de que los iban a jalar– sobre su nivel de conocimientos y competencias pedagógicas, fueron separados definitivamente de sus cargos en la educación pública, siguiendo los lineamientos de una oportuna Ley de la Carrera Pública Magisterial basada en la meritocracia, que dejaba atrás clientelajes y favoritismos laborales provenientes de las perniciosas negociaciones gobierno-sindicato en el sector.

Como se sabe, la meritocracia es una modalidad administrativa que, como su nombre lo indica, favorece los méritos de cada profesional a la hora de recibir cargos, ascensos o recompensas (léase salarios) en la jerarquía de cada organización. Es decir, será la capacidad de los propios maestros, evaluada periódicamente a través de pruebas de conocimientos o mediciones de desempeño, lo que les permitirá quedarse o progresar en el escalafón de la educación pública nacional, como ocurre en todas las sociedades modernas.

La reposición de esos 14 mil profesores desaprobados no solo haría volar por los aires las planillas del Minedu; sería también una absoluta falta de respeto para los casi 6 millones de alumnos de las instituciones educativas afectadas y, desde luego, para los 350,000 maestros que sí aprobaron esos exámenes y mediciones, gracias a su esfuerzo, preparación y constante actualización profesional. Este nuevo atentado del Congreso contra el sistema educativo del país debe ser detenido sin mayores dilaciones.