El sector privado en el Perú ya no solo debe enfrentarse a la burocracia estatal, sino también a mafias organizadas que asesinan y secuestran a trabajadores. El último caso fue en Pataz, La Libertad, donde nueve trabajadores de la minera Poderosa fueron vil y cobardemente asesinados por mineros ilegales en asociación con bandas criminales peruanas y extranjeras.
La masacre de Pataz es una muestra de que las inversiones privadas están en jaque, sin que el Estado haga algo efectivo para evitarlo. Cada día, extorsionadores y demás delincuentes mantienen sometidos bajo el temor a millones de habitantes y a empresas de todo tamaño. Las nueve muertes de los trabajadores de la compañía minera, así como la de todos los peruanos que son ultimados por el hampa, no deben quedar impunes.
El Gobierno no reacciona ante los atentados de los grupos criminales. La presidenta Boluarte lamentó lo ocurrido en Pataz y aseguró que “se busca formalizar la minería ilegal”, pero no hay acciones concretas que demuestren un plan. El Ejecutivo está inerte, como si la mandataria y sus ministros creyeran que, como dice el dicho, el tiempo cura todo. Pero en políticas públicas, el tiempo no es un aliado, sino un enemigo. Si no se actúa rápido, la delincuencia avanza, la pobreza aumenta y la crisis se agudiza. Sobre todo, porque la minería aporta alrededor del 11% del PBI, y estos ataques amenazan la continuidad de proyectos mineros. Es decir, habrá menos ingresos para el Estado, menos puestos de trabajo y más pobreza.
Hay que recordar que, hace cuarenta años, se subestimó a criminales que cometían atentados esporádicos, el entonces presidente Belaunde los llamó abigeos; poco tiempo después se convirtieron en los mayores delincuentes asesinos de la historia del Perú. Luego de cuatro décadas, el Gobierno no puede ser pasivo frente a esta realidad.
Boluarte dijo en uno de sus recientes viajes al exterior que el Perú está en calma y en paz, pero más que una descripción objetiva, parece ser una línea más de la lista de deseos. A las bandas criminales no se las vence con deseos, sino con políticas de seguridad concretas. De no hacerlo, lo acontecido en Pataz podría ser el inicio de una ola de atentados sin precedentes que afectará a todos los peruanos.
