(GEC)
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Invisibles ante el Estado, víctimas de violencia y discriminación. Las personas trans nacen y son registradas con un sexo que no corresponde con su identidad de género, con quienes realmente son. La suya es una realidad dolorosamente palpable que se subleva ante cualquier elucubración abstracta o ideológica. Existen, es un hecho ineludible, una realidad inexorable que no vamos a cambiar. Entonces, o volteamos la mirada y dejamos que sigan siendo marginadas, o empatizamos con ellas y las reconocemos.

Esto último busca el predictamen de la Ley de Identidad de Género, que comenzó a debatirse este lunes en la Comisión de Mujer del Congreso y que debería votarse en los próximos días. Lo que propone es algo tan elemental como permitir que las personas trans puedan rectificar su nombre, sexo e imagen del DNI a través de un procedimiento administrativo célere y sencillo ante el Reniec. Hoy, para hacerlo, tienen que recurrir al Poder Judicial y someterse a procesos largos, costosos, y a jueces que muchas veces ceden ante los prejuicios. Sin DNI no podemos ejercer derechos tan básicos como firmar contratos, abrir cuentas bancarias o acceder a programas sociales; en fin, no podemos desplegar la ciudadanía de manera plena.

El Perú ha firmado tratados internacionales que reconocen el derecho a la identidad de género, la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo hace. Es decir, este derecho ya está tutelado en nuestro ordenamiento jurídico y esta norma lo único que haría es materializarlo.

El avance de los derechos y libertades de las minorías es un proceso histórico irreversible. Sin embargo, cuanto antes se consoliden estos derechos, mejor. Unos años pueden ser minúsculos en perspectiva histórica, pero pueden ser una eternidad para ese sector de la población que sufre la exclusión en carne propia. Ojalá este Congreso lo entienda.

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