Todas las personas (naturales o jurídicas) estamos obligadas a evidenciar que nuestros ingresos provienen de una fuente legítima y que esta sea identificable. Si hay sospecha de algún fondo poco claro, se nos exige que declaremos sobre la procedencia y destino de estos. Esta obligación abarca incluso a partidos políticos y es lo correcto.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) gozan de un régimen especial respecto del resto de personas que realizan actividades en el Perú. Están exoneradas del pago de impuestos por los fondos que reciben y tienen un sistema de control bastante laxo por no decir casi inexistente respecto del origen y destino final de estos fondos. El público en general no accede a dicha información.
Una ONG que desarrolla cualquier tipo de actividad tiene que estar sujeta al escrutinio público y la población tiene todo el derecho de saber quién y para qué las financia.
El Congreso viene discutiendo un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, justamente para obligar a las ONG que operan en el Perú a transparentar sus operaciones y estas, como era de esperarse, ya se movilizaron en conjunto y han activado a las embajadas de países europeos, de Canadá y de los EE.UU. para que se opongan a dicha norma.
Espero que ni el Congreso ni el Ejecutivo reculen de su intención y procedan con aprobar dicho proyecto de ley.
Muchas de las ONG que operan en el país reciben fondos millonarios provenientes de esos países que son utilizados para impedir el desarrollo de ciertas actividades esenciales para el país (como la minería o los hidrocarburos), para hacer política o para influir en decisiones de entidades públicas; cosas que sí están controladas, precisamente, en esos países que hoy elevan su queja.
Que operen todas las ONG que quieran en el Perú, pero que lo hagan con transparencia y responsabilidad por sus actos. Todos somos iguales ante la ley.
