[OPINIÓN] Ana Jara: “A río revuelto, ganancia de pescadores”

Tras la grave crisis institucional desatada en el Ministerio Público, y otro tanto en el Congreso de la República —aunque la mayoría de sus integrantes pareciera no darse por enterada—, y que alcanza también a la Defensoría del Pueblo, entidad que siempre estuvo al margen de cuestionamientos y escándalos, hay un personaje que pretende sacar provecho en estas horas aciagas para el Perú, y ese es el expresidente Pedro Castillo, vacado en el cargo por atentar contra el orden democrático, hecho nefasto que está próximo a cumplir un año.

Este señor, en el tiempo que purga prisión preventiva, ha interpuesto un sinnúmero de recursos buscando su libertad, pasando por negar lo que se perpetró en señal nacional y con banda presidencial al pecho: un golpe de Estado; así como pretender dejar sin efecto, por cuanto vericueto procesal le parece a su defensa y a sus seguidores, las pruebas que lo incriminan no solo por golpista, sino por presunta participación en delitos de corrupción, caso ascensos en la PNP y FF.AA., entre otros.

No obstante, Castillo está en su legítimo derecho de ejercer su defensa, esa es una garantía procesal; defensa —dicho sea de paso— que en doble instancia los órganos jurisdiccionales vienen desestimando. Ahora, fiel a su estrategia de defensa, busca jalar agua para su molino, solicitando al Poder Judicial el cese de su prisión preventiva arguyendo la existencia de una organización criminal en el Ministerio Público, colgándose de las recientes diligencias de allanamiento en determinadas oficinas de asesores de la titular del sector, con el añadido de que la Fiscalía en combinación con el Congreso y “con objetivos políticos” lo defenestraron del cargo y mantienen cautivo, discurso con el que pretende pasar como una pobre víctima privada ilegalmente de su libertad.

Francamente, hay que ser bien caradura para intentar pasar por un mártir de la democracia y faltar a la verdad con fundamentos que rayan con el cinismo, sobre todo aquello de estar “secuestrado”, argucia que los propios magistrados durante las audiencias, en una, se lo han aclarado: que afronta graves imputaciones de carácter penal, que ejerce sin restricciones su derecho a la defensa y que su detención fue en flagrancia delictiva, habiendo sido en todo momento asistido por sus abogados, recibido visitas, inclusive de organismos de derechos humanos, cuyos informes y conclusiones en ningún momento dan cuenta de encontrar un cautivo Pedro Castillo.

Y más caradura aún, busca sacar provecho de la delicada situación de nuestras instituciones tutelares, de cuya crisis vamos a salir dentro de los cauces del Estado de derecho que rige en el Perú.

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