"Si la mandataria no quiere gobernar de forma transparente, el Congreso debe obligarla; de lo contrario, ¿para qué mantener esta frustrante agonía hasta 2026?".
"Si la mandataria no quiere gobernar de forma transparente, el Congreso debe obligarla; de lo contrario, ¿para qué mantener esta frustrante agonía hasta 2026?".

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha demostrado que no solo es posible ahogarse en un vaso de agua, sino que se puede convertir el vaso en océano y hundir a todo el país junto con ella.

El escándalo del Rolex se pudo haber explicado de forma sencilla. Tal vez con un poco de vergüenza e hipocresía, ya que la mandataria viene de canteras en las que se predica en contra del lujo. Sin embargo, más allá de la torpeza que caracteriza al Ejecutivo, las explicaciones que dio Boluarte, junto con las defensas vergonzosas de varios de sus ministros, solo demuestran que hay temor de decir realmente de dónde proviene ese reloj.

Lo cierto es que a la presidenta se le está permitiendo escándalos que, en ninguna democracia, con Estado de derecho y rendición de cuentas debería de permitirse. No solo es el Rolex, sino también la pérdida del registro oficial de visitas a su casa, su vehículo captado cerca de donde se escondía el prófugo Vladimir Cerrón, su hermano Nicanor, entre otros escándalos. Sin embargo, la oposición, con una condescendencia propia de oficialismo, no ejerce su rol fiscalizador.

No se necesita una vacancia para fiscalizar, la Constitución faculta al Parlamento para cumplir su rol: puede censurar e interpelar, así como crear comisiones investigadoras. ¿Qué espera el Congreso para hacerlo? El primer paso es negarle la confianza al premier Adrianzén, quien parece subestimar a los ciudadanos y parlamentarios con su defensa incondicional a Bolaurte. ¿Se permitirá que haya otro Otárola, al que se le permitían escándalos y cuestionamientos y ni siquiera se le invitaba a al Pleno para que responda?

Junto con el premier, ministros como Pérez de Cuellar, Urteaga y Vásquez deben ser apartados y convocar a más funcionarios como Arista, Mucho y Matthews quienes han demostrado tener capacidad de gestión. Sin embargo, si la mandataria no quiere gobernar de forma transparente, el Congreso debe obligarla; de lo contrario, ¿para qué mantener esta frustrante agonía hasta 2026?

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