(Foto: archivo Congreso)
(Foto: archivo Congreso)

El Perú se encuentra emocionalmente cargado. La población está harta de la corrupción y no solo de la “clase política”, puesto que no hay ninguna, sino también del sistema político. El aniquilamiento de los partidos políticos iniciado en 1990 y culminado en 2019, distritos electorales sumamente grandes y con poca representación y la no reelección de congresistas, han eliminado la rendición de cuentas de los políticos a sus electores.

Lima, por ejemplo, tiene 33 congresistas que representan a 10 millones de personas. Entonces, los congresistas no saben a quiénes representan, ni la población sabe quiénes los representan. Asimismo, tampoco existen partidos, sino asociaciones sin base ideológica que venden cupos. Por otro lado, la no reelección ha generado que los congresistas se aferren a cinco años en su curul, a costa de mantener a Castillo en el cargo, ya que, sin posibilidad de reelegirse, no vale la pena terminar con sus privilegios antes de 2026. Es decir, las reformas hechas en los últimos años con el aplauso irresponsable de la población e intelectuales, son las que han conducido al país a la situación actual y han eliminado los incentivos para que los actores políticos actúen de forma responsable.

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La población tal vez no sea consciente del daño que hicieron reformas populares como la no reelección congresal o el no a la bicameralidad, y ahora estén en búsqueda de un autócrata que “ponga orden”. Pero lo cierto es que luego de la debacle institucional a la que Castillo está llevando al Perú, se necesitarán reformas serias que tal vez no sean populares. Para eso, se tendrá que dejar de elegir a candidatos que proponen nimiedades como usar la “e” en vez de la “o”, y votar por estadistas que se atrevan a impulsar reformas impopulares.

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