María del Carmen Alva y Pedro Castillo. (Foto: Andina)
María del Carmen Alva y Pedro Castillo. (Foto: Andina)

La permanencia del presidente Castillo en el poder es una afrenta para la moral del país. Resulta intolerable que quien conduce las riendas del Perú esté siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada (ningún presidente en funciones había sido investigado antes). Subleva que, con su enfoque rentista y patrimonialista de la política, venga erosionando nuestra ya precaria institucionalidad y deteriorando la gestión pública. Incordia aún más que el Congreso mire de soslayo los indicios de corrupción que circundan Palacio y el ímpetu destructivo del Gobierno; que haya optado por claudicar a su función de control político.

En cualquier democracia en la que los pesos y contrapesos funcionan, un Gobierno como el del presidente Castillo ya habría sido interrumpido por los cauces constitucionales. Pero el anhelo de permanencia de los congresistas (con honrosas excepciones) hace que le rehúyan a su rol constitucional de fiscalización (en estos meses hemos visto hasta lo impensable: que un sector de la oposición y el cerronismo se alíen impulsados por un afán de supervivencia).

Para que el Congreso opte por interrumpir el mandato del presidente (el escenario ideal y sostenible es el de un adelanto de elecciones), tienen que presentarse ciertas condiciones que, al parecer, no están tan lejos de suceder. Es esperable que, en el marco de los procesos de colaboración eficaz en curso, se revele información que comprometa aún más al presidente y a su círculo cercano, hasta el punto de volver insostenible su permanencia en el poder.

Además, es previsible que la inminente aprobación de la bicameralidad y reelección congresal cambie los incentivos al interior de Congreso y motive a los congresistas renuentes a promover una interrupción del mandato presidencial. Al parecer, cada vez se consolida más en un sector importante de congresistas la idea de que la permanencia del presidente y del Congreso es insostenible hasta el 2026. Veremos si el Congreso está a la altura del momento histórico.

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