(Foto: Andina)
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El ministro Francke apela a una retórica de justicia social para justificar su propuesta de reforma tributaria. Lo que está en juego con el pedido de facultades legislativas es la salud y la educación de los peruanos, afirma. Y pocos disentirán de él, sin importar el signo ideológico que profesen, en que urge acortar las brechas sociales y urge que el Estado, a través de servicios públicos de calidad, llegue a todos los resquicios del mapa.

Pero para lograrlo se necesitan dos cosas. Primero, inversión privada. Todas las naciones desarrolladas del mundo, sin importar la ideología de sus gobernantes, han entendido que la inversión y el consumo privado son los principales motores del progreso material y que, por lo tanto, hay que promover entornos de seguridad y predictibilidad que las fomenten. Segundo, que el Estado ejecute los recursos generados por la inversión privada para ofrecer mejores servicios públicos.

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Por eso parece un tanto desconectado de la realidad proponer aumentar la tasa del Impuesto a la Renta, y los impuestos a las empresas mineras, en la coyuntura actual en la que la ausencia de mensajes claros del gobierno ha generado un entorno de incertidumbre y desconfianza generalizadas. De hecho, se proyecta que la inversión privada caerá 14% en 2022 (Macroconsult) y que el Perú crecerá apenas 3% (en vez del 6% que se había proyectado en condiciones de certidumbre) a causa de la paralización de la inversión privada. Parece un desacierto, además, querer aumentar impuestos sin tener claridad sobre el destino concreto que los recursos tendrán y, más aún, cuando hay un problema estructural de ejecución del gasto.

Finalmente, ¿cómo confiar en que los recursos recaudados serán utilizados en cerrar brechas si es que, como afirmó el exministro Luis Miguel Castilla, el MEF viene dándole un uso clientelar de los recursos públicos (principalmente subsidios)?

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