(Foto: Sunedu)
(Foto: Sunedu)

Si acaso hay algo que logra aglutinar voluntades en este Congreso profundamente atomizado, es, además de una vocación populista, un afán por relajar estándares, transar con la informalidad y favorecer intereses privados y gremiales. Lo vimos en el transporte (al prófugo exministro Juan Silva le permitieron patrocinar la agenda de los transportistas informales durante siete meses) y en la minería (aprobaron ampliar hasta el 2024 la vigencia del proceso de formalización de los mineros informales a costa de la depredación de los ecosistemas y de la explotación humana). En educación han venido avanzando, imperturbables, una agenda que busca desandar la reforma universitaria y menoscabar el rol de la Sunedu, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Universitaria. Esta semana, finalmente, lograron lo que ningún otro Congreso había logrado desde que la reforma de la educación superior se inició en el 2014: desdentar a la Sunedu.

Con 72 votos a favor, el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu para que tres de sus siete miembros sean representantes de universidades. Con esto se regresa, en la práctica, a la autorregulación. Además, el superintendente ya no será nombrado por el ministro de Educación sino por el Consejo. Más aún, la ley le resta funciones a la Sunedu, incluida la de licenciar nuevas carreras profesionales y verificar que cumplan con estándares de calidad. Esta ley es, qué duda cabe, una afrenta para la educación de calidad.

El Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria anticipó que presentará una demanda de inconstitucionalidad en los próximos días. Esperemos que el Tribunal Constitucional defienda la autonomía de la Sunedu y a esta reforma que busca mejorar la calidad de la oferta educativa en el país.