(Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)
(Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)

Esta semana, el JNE decidió vacar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a solo ocho meses de que finalice su gestión. La razón es que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los impedimentos que tiene un alcalde para postular son los mismos por los cuales puede ser vacado.

Un candidato para alcalde no puede pertenecer a ningún órgano directivo de una entidad pública porque hay el peligro de que use esa entidad a favor de su campaña. ¿Pero tiene sentido que esta prohibición continúe cuando ya se es autoridad?

Muñoz fue por dos meses director de Sedapal, que es la empresa que brinda el servicio de agua y desagüe en la ciudad de la que él era precisamente alcalde y, por lo tanto, era un excelente representante de los usuarios. Se trataba de formar un directorio corporativo donde estén representados todos los sectores interesados y no los amigotes del gobierno de turno.

Muñoz no usó sus influencias para conseguir el puesto, sino que fue llamado por un gobierno del que él no era parte. No se benefició del cargo ni obtuvo ninguna prebenda.

MIRA: [Opinión] Carlos Bruce: “Sí a la planificación urbana, no a la improvisación”

¿Que la ley expresamente lo prohibía? Es verdad. Pero la sanción es absolutamente desproporcionada. No podemos estar vacando autoridades elegidas por voto popular violando la voluntad de millones de votantes por formalismos que no tienen sentido y donde no ha habido mala fe. Es muy distinto el caso del presidente Castillo, donde hay serias acusaciones de corrupción e incapacidad.

La legislación tiene que revisarse y que solo se pueda revocar autoridades por razones de fondo y decidido por órganos integrados por gente elegida por la circunscripción respectiva que representan el pensamiento de la población y no por cinco magistrados del JNE.

Lea mañana a: Hugo Perea

VIDEO RECOMENDADO

Romy Chang sobre el copamiento de poder de parte de familiares de Pedro Castillo
En declaraciones para Perú21TV, la abogada penalista, Romy Chang, aseguró que la contratación de Flor Gómez Olano, concuñada del presidente Pedro Castillo, en el MTC, podría tratarse del delito de negociación incompatible.