[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Autoridad que no abusa se desprestigia”

Este dicho, nefasto para la democracia, es cada vez más común en el Estado peruano: Ejecutivo (nacional, regional y local), Congreso y Sistema de Administración de Justicia. Acumulamos ejemplos de abusos, de uno y otro lado, lo que puede alimentar el ánimo “hay que refundarlo todo”. De ahí al precipicio de la Asamblea Confudegente, hay un paso. Chile ya vivió varios años de incertidumbre por las puras; ojalá no le sumemos a la tormenta perfecta que ya tenemos y que será larga: Niño, recesión, aumento de pobreza y hambre, delincuencia, influencia de economías ilegales, tantos abusos de poder que terminemos en el momento refundacional al que aspira la izquierda y que nos metería en una crisis aún mayor. A continuación, algunos ejemplos de abusos de poder recientes.

Un fiscal recién nombrado en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, en su primer día de trabajo, investigó, decidió, redactó y notificó al fiscal Rafael Vela una suspensión de 8 meses y medio sin goce de haber por lo que declaró Vela hace tres años sobre un juicio a Keiko Fujimori. Es tan abusivo e inverosímil que genera sospecha sobre de dónde vino la orden de acometerse tan prontamente a ese único objetivo. ¿Mezcla de fiscal con sicariato, fiscariato? Faltaría identificar al autor mediato.

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y los jueces que lo permitieron, han abusado sin duda de la figura de la detención preliminar en distintos casos y de interpretaciones flexibles de la legislación penal en general. Su performance en términos de producir acusaciones claramente sustentadas en plazos debidos resulta en bastante más ruido que nueces, al menos por ahora. Una suspensión de 8 meses y medio solo empeora las cosas. ¿Quién se beneficia?

Hoy, el Congreso está acusando a toda la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de falta grave, para botarlos a todos un año antes de que termine su mandato. La razón más fuerte que argumentan es que la edad de la Dra. Inés Tello viola la ley. Retrocedamos la película: ella postuló a los 74 años. En su entrevista, el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le preguntó para qué postulaba si solo iba a ejercer el cargo 8 meses. Ella respondió que su interpretación era que los 75 años eran un requisito para postular, pero que el mandato duraba 5 años, pues el límite de edad no era causal de vacancia en la ley, y adjuntó un informe de SERVIR con esa interpretación. En ese momento, el Dr. Blume, miembro del comité seleccionador, dijo: “una vez electa, la ley no dice que usted tiene que cesar en un tiempo determinado, sino al cumplir su mandato”. El Dr. Blume aclara ahora que su intención era que ella no se limitara a exponer sus planes a un horizonte de 8 meses, pero que él esperaba que ella se retirara al cumplir 75 años. No llego a entender el uso de una frase tan categórica para esos fines. ¿Puede ser considerado como falta grave, varios años después, un tema discutido abiertamente durante la selección, en el que se afirmó que no era problema y que nadie objetó formalmente? No veo cómo. No sé si la JNJ está haciendo bien o mal su trabajo, y debe rendir cuentas. Por lógica básica, lo que no pasó inadvertido, si fuera falta grave, tendría que haber generado chongo de inmediato.

El Congreso no se tomó el trabajo de tipificar qué es falta grave en la JNJ. Si lo va a interpretar en el camino de un proceso, solo puede considerar hechos groseros, que no admitan discusión, como fue el caso del Consejo Nacional de la Magistratura y los audios nauseabundos en que se negociaba de todo. A falta de ideas, pueden inspirarse en la lista de abusos y faltas indiscutibles que acumulan semanalmente, la mayoría impunes.

Hay 82 congresistas con carpetas abiertas, y ya 84 votaron a favor de la conformación del grupo de trabajo. Les faltan 3 votos para concretar el abuso, que viene con influencia en JNE y ONPE de yapa. No le regalen argumentos a una narrativa pro Asamblea confundegente.

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