[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “La Constitución está hecha para limitar el poder”

La entrevista del presidente Castillo es un rosario de preguntas sin respuestas claras. Por fin se le extrae una referencia explícita a la Constitución vigente y también que evalúa la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional sobre la ley que reitera el artículo 206, aprobada por insistencia en el Congreso. Esta ley aclara que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento en dos legislaturas con 87 votos o en una con 66 votos más referéndum.

Con este Tribunal Constitucional, el gobierno no obtendría los votos para su inconstitucionalidad; con el próximo es aún más improbable. Eso cierra el camino legal, pero abre el debate político, en año de elecciones regionales, con la siguiente frase del presidente: el Congreso quiso cerrarle las puertas al pueblo. Idealmente, tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional deberían ser entidades de mucha legitimidad, pero eso no es el escenario que vivimos.

Ganar la batalla política en contra de que se pueda cambiar por referéndum la Constitución no es fácil, aun si no está en las prioridades de la gente. Si se llega a dar esa discusión, y la gente va a votar en un referéndum, la mayoría tiene que preferir que un Congreso en que no cree tenga esa potestad en vez de poder tener voz y voto. Las reglas actuales, aun cuando se aplican por un Congreso que no sigue los parámetros de lo que debe ser una discusión tan seria, son una mejor opción que pretender que las cosas se resuelvan por referéndum. Cuando se suma reforma constitucional total y referéndum, donde ha sido utilizado, la probabilidad de enyuque es altísima: ha servido para concentrar poder y buscar reelecciones en todos lados. El referéndum es la opción del populismo manipulador. La democracia directa está pensada para decisiones que son relativamente fáciles de percibir por la población en lo que implican, y aun así muchas veces se manipulan, incluso en países tan avanzados como el Reino Unido respecto al Brexit. Limitar la aprobación al Congreso no es la panacea, pero con referéndums sería peor. Así lo evidencian muchos casos concretos.

Si la arquitectura constitucional de pesos y contrapesos en un país fuera fácil de entender, como para que cualquier ciudadano opine y decida, los constitucionalistas serían absolutamente inútiles. Es precisamente por la complejidad intrínseca de las reformas constitucionales que existe esa especialidad y un organismo como el Tribunal Constitucional. Cuando coexisten complejidad e intereses políticos, el riesgo de la manipulación es inherente. Es por el riesgo de tener pericote por liebre que la discusión tiene que ser cuidadosa, por especialistas y con el tiempo suficiente. No es materia para jugar con populismos, como demuestra la evidencia una y otra vez.

Es frecuente entre quienes promueven la idea de convocar a un referéndum para estas reformas señalar que el poder constituido (Congreso) no puede limitar al poder constituyente (el pueblo). Esta simplificación se zurra en la evidencia de abuso político del mecanismo del referéndum por líderes autoritarios o populistas a lo largo de la historia. Si un constitucionalista no está preocupado porque las reglas no eviten el ejercicio sin control del poder, ha perdido el foco.

La mayor garantía de que ese camino no se siga es la debilidad del gobierno y el presidente. Pero la discusión constitucional probablemente continúe y debe encauzarse con criterio.