(Opinión) Hugo Perea: Crecimiento y bienestar

En “On the mechanics of economic development” (1988), el laureado economista Robert Lucas (Premio Nobel 1995) muestra evidencia acerca de las enormes diferencias de ingreso que existen entre países y se pregunta qué tipo de acciones se pueden implementar para cerrar estas brechas. Lucas agrega que enfrentar este tipo de preguntas tiene consecuencias impresionantes sobre el bienestar de las personas y que “… una vez que se empieza a pensar en ellas, es difícil pensar en otra cosa”.

Los países con mayores niveles de ingresos tienen estándares de vida mucho más altos: la pobreza es baja o inexistente, la tasa de mortalidad infantil es reducida, la expectativa de vida es sustancialmente mayor, los ciudadanos no viven angustiados por su seguridad personal o por la falta de respeto a las libertades democráticas y derechos individuales.

¿Qué explica la prosperidad de los países? Usualmente, los economistas consideramos que el nivel de ingreso de los ciudadanos de un país está determinado por la disponibilidad de capital físico (“máquinas”) y humano (educación), por trabajador, así como por el conocimiento tecnológico. Estos tres elementos aumentan la productividad de las personas. La productividad de un agricultor que usa tractores y segadoras, y ha adquirido una educación que le permite emplear tecnología de posicionamiento global para distribuir mejor las semillas, es mucho mayor que la de aquel que solo emplea su fuerza laboral y herramientas sencillas.

Una cuestión esencial es: ¿por qué algunos países han acumulado más capital físico y humano y por qué lo usan mejor? Aquí es donde juegan un rol fundamental las instituciones. De acuerdo con Douglas North, las instituciones son “las reglas del juego”; es decir, “los límites de creación humana que dan forma a la interacción entre personas”. Entre las instituciones más importantes para el desarrollo económico están los derechos de propiedad, el sistema judicial, los mecanismos de control político y anticorrupción y la estabilidad política. Todas estas “instituciones proveen la estructura de incentivos de la economía” y la sociedad. Cuando las personas trabajan, venden, compran, invierten o ahorran lo hacen en el marco de estas “reglas”. Si los derechos de propiedad no son claros, si es difícil hacer valer los contratos debido a un sistema legal disfuncional o si las instituciones no alinean el interés personal con el interés común, las sociedades invierten poco, no arriesgan, no crean empleo y no ahorran.

En la China de Mao Zedong se instauró un modelo agrario cooperativista que fue un fracaso. La propiedad común generó bajos incentivos para invertir en la tierra o para trabajar duro. Como resultado, la producción agrícola cayó y hubo hambruna. Hacia 1979, luego del Gran Salto Adelante, la productividad de la tierra era inferior a la de 1949 cuando el Partido Comunista llegó al poder. Poco a poco, en algunas cooperativas, los agricultores, secretamente, comenzaron a dividirse la tierra. Cumplían con la cuota exigida y retenían los excedentes. Las autoridades se enteraron del “delito”, pero también observaron que la producción agrícola era mayor en estas cooperativas. Así que decidieron dejar y extender el “experimento” de propiedad privada. Cinco años después, la producción de alimentos había subido en 50% y 170 millones de chinos dejaron la pobreza. Un “cambio institucional” en la propiedad de la tierra generó incentivos adecuados para alinear el interés privado (aspirar a tener más por la familia) con el interés común (tener más alimentos y evitar hambrunas).

En el Perú de hoy vemos con desazón que la poca institucionalidad que nos queda se sigue socavando. Se ha colocado a gente poco preparada en instituciones clave y nos seguimos perdiendo en retóricas y fantasías que no generan progreso. Debemos crear instituciones “inclusivas” (en el sentido de Acemoglu y Robinson) que generen los incentivos adecuados para encaminarnos hacia el progreso. ¿Nos atreveremos?

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