(Foto: USI)
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El Informe Sobre la Desigualdad Global, publicado la semana pasada, resalta la gran disparidad de ingresos y riqueza existente en el mundo: el 10% más rico de la población concentra el 52% del ingreso y el 76% de la riqueza. En contraste, el 50% más pobre recibe solo el 8.5% de los ingresos y posee únicamente el 2% del total de la riqueza.

En el caso de Perú, la base de datos que usa la entidad que elabora este informe muestra que la proporción del ingreso del 50% más pobre aumentó desde un 8.2% en 2003 a un 11.2% en 2011, en tanto que la participación del 10% más rico disminuyó de 55.7% a 49.9%. Esta información sugiere que la distribución del ingreso en Perú ha mejorado, pero hay que tomarla con cautela porque es volátil y aún no refleja plenamente los impactos de la pandemia sobre las familias. En todo caso, es consistente con la evolución positiva en este aspecto que muestran otros estudios.

La visión de que una menor inequidad contribuye al mayor crecimiento económico ha ganado espacio en los últimos años, cambiando la visión tradicional que se tenía al respecto. En particular, cuando las máquinas eran más importantes para el crecimiento, era fundamental que hubiera un grupo que tuviera la capacidad de ahorrar una proporción alta de sus ingresos para invertirla en capital físico. Ahora el capital humano es más relevante, pero el acceso a la educación es difícil en un país donde hay desigualdad. Otros estudios han encontrado que una mejor distribución del ingreso puede ser un factor positivo determinante para sostener periodos de auge económico (un exceso de desigualdad puede ser nocivo porque genera inestabilidad política que inhibe la inversión, o complica la implementación de medidas para enfrentar choques, aumentar la recaudación, recortar el gasto público, etc.).

Más allá de consideraciones de justicia social, las ventajas de reducir la desigualdad parecen ser muy concretas: ayudan a sostener el crecimiento económico y, por lo tanto, a elevar el nivel de vida de la población. Pero hay que tener mucho cuidado con la intervención del gobierno para reducir la inequidad porque, si distorsionan los incentivos para producir (al penalizar a los emprendedores y trabajadores más esforzados), reduce el crecimiento, lo que perjudica a los más vulnerables. Subsidios muy focalizados, un mayor acceso a la educación de calidad y políticas de promoción de empleo son alternativas que podrían inducir impactos positivos.

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Las políticas públicas son el resultado de un proceso político lleno de fricciones. En algunas ocasiones reflejan la influencia de grupos de interés. En otras, emanan de actores políticos, posiblemente bien intencionados, pero mal informados o con poco conocimiento de la economía. Las políticas enfocadas para mejorar la distribución del ingreso son particularmente sensibles por lo que hay en juego y se deben hacer sin demagogia para que no haya más pobres en un país que no es rico.

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