[OPINIÓN] Joaquín Rey: “¿Funcionará esta vez?”

Este va a ser el peor año para la economía peruana en más de dos décadas, excluyendo el año de la pandemia. Las predicciones de crecimiento —algunas de ellas ya en terreno negativo— distan mucho del promedio alcanzado en lo que va del siglo, que estuvo cerca del 3.5%. Y, aunque el contexto internacional no es el mejor que hemos tenido, tampoco es el peor, y definitivamente no explica un resultado tan pobre.

Ante esta realidad, hasta el momento, la respuesta del Ejecutivo ha dejado mucho que desear. En sus sucesivas versiones, Con Punche Perú ha tenido un foco equivocado, pues se centró básicamente en el gasto público, con inyecciones de dinero y subsidios en diversos sectores de la economía. Como no era de sorprender, los más de S/10,000 millones anunciados han hecho poco para revertir la pobre tendencia de este año.

El foco tendría que haber estado, más bien, en la reactivación de la inversión privada, que es lo que hace realmente la diferencia, pues representa el 70% de la inversión total, y que este año registrará una caída de 5.3%, según el BCR. Aunque la inversión pública crecería en 1.5%, esto es largamente insuficiente para compensar dicha caída.

Pareciera ser que el Ejecutivo es consciente de esta situación, y ello explicaría que esta semana el MEF haya presentado el Plan Unidos. Este consiste en 25 medidas, orientadas principalmente a la dinamización de la inversión privada mediante el destrabe de proyectos y simplificaciones de procesos (reducción de plazos, silencios positivos, eliminación de trámites, etc.).

La pregunta es si este plan finalmente tendrá los resultados esperados y podrá revertir la tendencia de nuestra economía. El primer elemento para tomar en cuenta es que, a diferencia de Con Punche Perú, este plan tiene el foco en el lugar correcto: la dinamización del gasto privado y en particular de la inversión. Al ser más significativa en volumen, más eficiente y rápida, la inversión privada tiene mayores posibilidades de reactivar la economía.

No obstante, el plan llega claramente tarde. El 2023 “ya está jugado”, por lo que cualquier efecto se sentirá recién en 2024. Además, preocupa que buena parte de las medidas dependa de la aprobación del Congreso de la República, cuya agenda no ha ido en la dirección de la reactivación económica, sino todo lo contrario. También preocupa que gran parte de los trámites que el paquete pretende simplificar está en manos de los gobiernos locales, donde a menudo las autoridades utilizan su discrecionalidad para alargar o acortar proceso (el caso del centro comercial de Cencosud en La Molina es emblemático de ello).

Además, cabe recordar que el elemento central para dinamizar la inversión privada es brindar confianza a quienes ejecutan esa inversión. Confianza en que existirá un mínimo de estabilidad política, que el Congreso no será una fuente de iniciativas perjudiciales, y que las actividades ilícitas, la delincuencia y la inseguridad jurídicas no perjudicarán proyectos privados. Estos elementos claramente no están garantizados en el Perú de hoy.

Así las cosas, aunque el Plan Unidos representa una mejora respecto de sus antecesores, no parece muy probable que haga una diferencia significativa.

Finalmente, debemos tener claro que, más allá de medidas puntuales de “destrabe” que efectivamente pueden ayudar en el corto plazo, es fundamental que el país no pierda de vista una agenda de largo plazo en torno a dos objetivos: incrementar la productividad y fortalecer nuestras instituciones. Estas son las dos cosas que tienen en común todos los países que han logrado la prosperidad.

Lamentablemente, lejos de avanzar, todo parece indicar que venimos retrocediendo en ambos frentes. Dos ejemplos recientes así lo ilustran. Uno es la desarticulación de la reforma universitaria, que fue uno de nuestros pocos logros de los últimos años para contribuir al fortalecimiento del capital humano y, por tanto, de la productividad de nuestros trabajadores. Y el otro es el intento de remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia con fines evidentemente políticos, lo que mina la institucionalidad de nuestro aparato de administración de justicia.

Es momento de que, lejos de orientarnos únicamente en medidas económicas de corto plazo, el Estado y el sector privado coincidan en la necesidad de hacer reformas estructurales que hagan una verdadera diferencia en el largo plazo.

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