[OPINIÓN] Joaquín Rey: “La política como refugio”

Dos casos han dominado los titulares del ámbito judicial esta semana: la incautación de bienes vinculados a Joaquín Ramírez por un valor de más de 1,000 millones de dólares, y la sentencia a prisión por 12 años a Daniel Urresti.

El primero es actual alcalde de Cajamarca, excongresista de la República y exsecretario general de uno de los partidos políticos de mayor relevancia nacional. Por su parte, el segundo ha sido ministro de Estado, congresista, y dos veces candidato a la presidencia.

Lo remarcable en ambos casos es que las razones de investigación o detención nada tienen que ver con las funciones públicas o cargos políticos que los personajes involucrados han ostentado.

En el caso de Ramírez, se le investiga por presuntamente integrar una organización criminal que utilizó la Universidad Alas Peruanas –fundada por su tío Fidel Ramírez– para hacer transacciones con empresas fachada y así lavar más de 180 millones de dólares. En el caso de Urresti, se le ha condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, acontecido hace 34 años en Ayacucho.

Más allá de los detalles judiciales de cada uno de los casos, lo que estos ponen de manifiesto es la frecuencia con la que el crimen termina filtrándose en el poder político. Así, el que debería ser un espacio para servir al interés público termina siendo utilizado por delincuentes para eludir la justicia mediante la protección e influencia que suelen venir con los cargos políticos. No puedo pensar en una manera más despreciable de usar la confianza popular expresada a través del voto.

En el caso de Ramírez, hay, además, un uso de la educación superior con fines delictivos. Mientras consumaban sus fechorías, él y sus allegados estafaron a decenas de miles de estudiantes y sus familias (la UAP llegó a contar con cerca de 100,000 alumnos).

Este no es, por cierto, el único caso de uso lumpen de la educación superior. Está también el caso de ‘Los Gángsters de la Política’, en el que la familia Luna, a través de la universidad fachada Telesup, daba millonarios contratos a miembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura. Estos magistrados prepararon el camino para colocar a un jefe de la ONPE que luego facilitó la inscripción del partido familiar Podemos.

Hoy, tanto Alas Peruanas como Telesup han perdido su licencia gracias al trabajo que la Sunedu realizó entre 2015 y 2020 para elevar la calidad universitaria en el país. Por ello, no debe sorprender que esta entidad sea el blanco de continuos ataques de grupos de poder, que lamentablemente vienen consiguiendo el objetivo de debilitarla.

No podemos resignarnos a vivir en un país en el que la política y la universidad terminen siendo funcionales a la protección o promoción del crimen, cuando deberían ser lo exactamente opuesto: espacios para promover los más nobles objetivos de la sociedad.

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