"La población no quiere más gobiernos improvisados con autoridades negligentes", sostiene el contralor Nelson Shack. (@photo.gec/Lenin Tadeo)
"La población no quiere más gobiernos improvisados con autoridades negligentes", sostiene el contralor Nelson Shack. (@photo.gec/Lenin Tadeo)

A partir del primero de enero de 2023, más de 13 mil nuevas autoridades asumirán por los próximos cuatro años la gestión de los fondos y bienes públicos en 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1,694 distritales en todo el país.

Ante ello, debemos tener presente que los gobiernos regionales y locales administrarán el próximo año más de S/97 mil millones para la provisión de bienes, contratación de personas, prestación de servicios y construcción de proyectos de inversión pública que tanto demanda la ciudadanía en cada jurisdicción.

Algunas de las próximas autoridades elegidas ejercerán nuevamente un cargo público. Por ejemplo, tenemos que la mayoría de los gobernadores electos y quienes pasan a la segunda vuelta han asumido un cargo público antes, ya sea como alcaldes o funcionarios en gestiones anteriores, por lo que algo de experiencia en la gestión pública tienen; sin embargo, ello no necesariamente garantiza eficiencia e idoneidad en la gestión.

La gestión pública no es una tarea fácil y, con mayor razón, trabajar para un Estado como el nuestro no solo requiere profesionales con conocimientos, habilidades y aptitudes, sino fundamentalmente funcionarios honestos, valientes y transparentes; es decir, el Perú necesita gestores que dirijan la buena gobernanza y el desarrollo de sus pueblos.

Por ello, las nuevas autoridades deben llegar al 1 de enero del 2023 preparadas, con prioridades estratégicas concretas y viables a cuatro años y con un plan operativo para el primer año, buscando, entre otros, reactivar las casi 2,000 mil obras por más de S/14 mil millones que están paralizadas y bajo la competencia de los gobiernos regionales y locales en todo el país.

No se trata de plantear nuevas obras –que quizás también queden a medio hacer– si antes no se dispone de la capacidad técnica, institucional y financiera necesaria, ya que las obras paralizadas, abandonadas o las que se encuentran a medio hacer, tienen una enorme significancia en materia de recursos económicos perdidos, frustración y desconfianza de la ciudadanía.

Acabamos de participar en las elecciones regionales y municipales, un espacio democrático en el que la población expresó su confianza en que su candidato o candidata liderará una buena gobernanza que supere los desafíos relacionados, por ejemplo, con la inseguridad ciudadana, la corrupción, la falta de servicios públicos básicos, la inadecuada limpieza pública y tratamiento de los residuos sólidos, el caótico e insuficiente transporte público y vías de calidad, así como los problemas en educación y salud. La población no quiere más gobiernos improvisados con autoridades negligentes o que busquen satisfacer intereses propios en desmedro del interés colectivo.

Desde la Contraloría, ampliaremos nuestro control y vigilancia gubernamental, pero también apoyaremos a las nuevas autoridades al inicio de su gestión mediante el fortalecimiento de sus capacidades para que cumplan eficientemente su labor sobre la base de las leyes y la normatividad vigentes.

Ello implicará el despliegue de jornadas de trabajo con las 1,915 autoridades electas, que ya hemos iniciado en la región Loreto, e impulsaremos la capacitación a través de la Escuela Nacional de Control, para lo cual hemos diseñado un programa de formación en temas de control gubernamental y gestión pública que empezará en noviembre, a manera introductoria, y continuará con una revisión más amplia de las diversas temáticas durante febrero y marzo del próximo año, una vez que las autoridades electas hayan asumido sus funciones.

Asimismo, estamos trabajando con las administraciones salientes para una efectiva, eficiente y oportuna rendición de cuentas y transferencia de gestión que garantice a las nuevas autoridades conocer el estado en el que recibirán el gobierno de sus jurisdicciones y se asegure la continuidad de las obras y la dotación de los servicios públicos en beneficio de la población de cada región, provincia y distrito del país.

El desafío es enorme, pero estoy seguro de que, con el compromiso de todos, haremos que los próximos cuatro años de gestión subnacional sean mejores al último periodo en beneficio de todas y todos los peruanos.

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