[Opinión] Richard Arce: “Un fraude la Autoridad de Reconstrucción con Cambios”

El escándalo que significa ahora el programa de Reconstrucción con Cambios después de los embates de la naturaleza, propios de este periodo de lluvias, ha desnudado, una vez más, los grandes males de nuestra sociedad: la corrupción y la incompetencia funcional de un Estado.

Se creía que el programa iba atender los efectos del fenómeno de El Niño Costero de 2017. Se tenía la expectativa de que estas inversiones millonarias lograrían la reconstrucción de la infraestructura dañada y, sobre todo, permitirían garantizar la contención ante los efectos de la naturaleza en eventos similares de años posteriores.

Ni uno ni lo otro logró consolidar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, al contrario, se tiene cifras de vergüenza; 12,962 situaciones adversas en los proyectos que se debían ejecutar desde el año 2017 y hasta la fecha solo resalta el despilfarro del dinero público, con 845 funcionarios involucrados en esta irresponsabilidad.

No hay forma defender el programa después de tanta ineficiencia junta; tiene que haber consecuencias, no es posible sostener tanta negligencia. La Contraloría tiene que actuar.

Evidentemente que el problema es mayor respecto a la atención de desastres naturales, desde la visión que debe ser eminentemente preventiva y esto requiere una planificación estructurada, basada en estudios técnicos especializados, inversión en infraestructura real y útil. Para lo cual se requiere asignar presupuestos acordes a estas necesidades para proteger las zonas críticas identificadas, en un plan de ordenamiento territorial como instrumento básico para la gestión de desastres.

Y esta tarea no es solo del gobierno central, es también de las municipalidades y gobiernos regionales que conocen mejor sus realidades y la problemática, pero requieren de una legislación moderna que no tenemos. Pero qué podríamos esperar de un Congreso miope, que se gasta millones en comisiones relacionadas a esta problemática, que despilfarran fondos públicos en contratar personal como si fuera una agencia de empleo.

Parecería que estamos condenados con nuestras propias miserias.

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