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Petronila Vargas Santa Cruz, la mujer que acusa al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por los delitos de secuestro y tortura, además del asesinato de su padre, Eliseo Vargas, en el año 2005, se encadenó frente a la Sala Penal Liquidadora de Jaén en protesta porque no se le permitió participar en el juicio oral a uno de los coacusados de la mencionada autoridad y por la demora en este proceso.
En diálogo con Perú21, su abogado, Javier Adrianzén, informó que el Poder Judicial no la notificó de la diligencia judicial que se iba a llevar a cabo con Edilberto Flores Vásquez, actualmente preso, por este caso. "Petronila no sabía que este exdirigente ronderil estaba detenido ni que se iba a realizar el juicio oral el 4 de abril pues, de lo contrario, hubiera presentado a sus testigos para desbaratar la defensa de Flores", aseguró el letrado.
Por tal motivo, el defensor de Vargas informó que ha presentado una queja formal contra los magistrados de la Sala Penal Liquidadora de Jaén para que sea debidamente notificada y, así, pueda participar en el citado proceso.
Agregó que su reclamo se ampara en que el coacusado de Gregorio Santos en este caso "ya solicitó la variación del mandato de detención por el de comparecencia restringida con la ayuda del padre Francisco Muguiro, de radio Marañón".
HISTORIA DEL ACUSADOEl rondero Edilberto Flores Vásquez compartió la 'mesa de honor' en el juicio popular que lideró Gregorio Santos contra Petronila Vargas el 24 de noviembre del año 2005, como lo informó Perú21.
Allí se decidió la suerte de esta mujer y de su padre. El titular de la Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio, Miguel Briceño, no pudo hacer nada para defenderla o rescatarla porque los ronderos, liderados por Santos, se lo impidieron.
Desde aquella fecha, Petronila Vargas y su familia han sido víctimas de una serie de amenazas contra su vida, con el único objetivo de que retire su denuncia contra el presidente regional de Cajamarca.
TENGA EN CUENTA
- El próximo miércoles, Petronila Vargas será confrontada con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en el distrito de Huarango, provincia de Jaén, en Cajamarca.
- El fiscal Paul Sánchez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de San Ignacio, ordenó la diligencia para conocer el lugar donde se hizo el juicio popular.
