[OPINIÓN] Adrián Simons Pino: “Justicia olvidada”

Hemos empezado este nuevo año con unos congresistas “iluminados” y “preocupados” por nuestro sistema de justicia. De un lado, el congresista Chiabra propuso un cambio radical al sistema de destitución para los jueces y fiscales supremos. Felizmente fue retirado. Luego, se presentó una moción multipartidaria (liderada por el bloque fujimorista), en la que se proponía la creación de una comisión de alto nivel para reformar el sistema de justicia. Esta propuesta, en ajustada votación, fue desestimada. Sin embargo, el congresista Rospigliosi presentó reconsideración para que, en la siguiente legislatura, esta propuesta sea nuevamente sometida a votación.

Proponer una reforma seria de nuestro sistema de justicia no se logra en 45 días, como lo pretendían los congresistas con la creación de una comisión de “alto nivel”. Nuestro país, en todos los índices de competitividad, está siempre luchando por los últimos lugares, en lo que se refiere a la calidad de nuestro sistema de justicia. Hemos tocado fondo y nos hemos acostumbrado a ello. Un triste ejemplo es lo que viene ocurriendo en nuestra Corte Suprema. Veamos.

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Tenemos una Corte Suprema colapsada que, lejos de ser la conciencia jurídica de nuestro país, está enfrascada en resolver miles de casos que año a año se incrementan exponencialmente. De acuerdo con nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, teóricamente, tenemos tres salas supremas (civil, constitucional y penal). Es decir, debemos contar con 15 jueces supremos titulares encargados de impartir justicia a nivel nacional (cinco por cada sala). Pero la realidad que padecemos ha sobrepasado cualquier límite.

La Corte Suprema, por ejemplo, a 2021 tenía casi 40,000 expedientes por resolver. ¿Es humanamente posible que 15 hombres puedan soportar esa carga laboral? Si por un instante les pedimos a los jueces supremos que resuelvan esos casos en un año, cada uno tendría a su cargo más de 2,600 expedientes, y trabajando todos los días, sin dormir, “podrían” resolver siete casos al día. Imposible. Para afrontar esta realidad, se optó por hacer clones de las salas supremas y creamos salas supremas transitorias.

Para este 2024 tenemos siete salas supremas transitorias, lo que hace que en realidad tengamos 54 jueces supremos, en lugar de 15. Es decir, 39 jueces supremos son provisionales y son designados a dedo por el presidente del Poder Judicial. Tal grado de provisionalidad afecta los niveles de independencia e imparcialidad de los jueces que temporalmente ejercen ante la Corte Suprema, porque no gozan de la estabilidad en el cargo, y tampoco gozan de las mismas prerrogativas que los jueces supremos titulares (sueldos, derecho a voto en sala plena, etc.), pese a que, en muchos casos, tienen mayor carga laboral.

En esas condiciones, es imposible que la Corte Suprema cumpla con su rol fundamental: crear derecho (jurisprudencia), generar confianza y predictibilidad en sus decisiones. Es común ver que frente a una misma situación haya diversos criterios en la Corte Suprema, y los seguirá habiendo, mientras sigamos queriendo mantener este caos.

No podemos seguir sosteniendo un sistema de justicia teniendo una Corte Suprema en la que el 70% de sus integrantes son jueces provisionales. Esta es una situación inédita en la región. Ningún país con una justicia medianamente decente tiene una Corte Suprema que funcione de esa manera.

Si mantenemos esta triste realidad, nuestros jueces supremos seguirán haciendo lo que hacen hasta hoy: luchar contra el reloj de la historia y perder en el intento.

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