¿Se destrabó la línea 2?

La prioridad por acelerar proyectos de inversión se topa con la resistencia de algunas autoridades que anteponen sus objetivos particulares al bien colectivo. Uno de esos proyectos retrasados es la Línea 2 del Metro de Lima, que ya cumplió diez años desde su adjudicación y que solo tiene cinco estaciones operando (y 24 en obra). El sentido de urgencia no es compartido por todas las autoridades, como es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que sigue dilatando otorgar los permisos para la construcción de la estación central (E13).

Luego de un largo proceso de negociaciones entre los actores relevantes, se suponía que se había llegado a un arreglo para obtener los permisos necesarios. Sin embargo, la MML no es categórica en impulsar un proyecto clave para la ciudad. El impasse llegó a tal punto que en diciembre del año pasado el Gobierno y el Congreso se vieron obligados a incluir una disposición en la Ley de Endeudamiento de 2024 que exonera de autorizaciones y permisos municipales para la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura. En respuesta, la MML aprobó una ordenanza declarando la prevalencia de sus competencias y aduciendo que, en consecuencia, lo dispuesto en la Ley de Endeudamiento es inaplicable en la provincia de Lima. Esta situación generó una controversia competencial que el Tribunal Constitucional aún no resuelve.

Sin perjuicio de lo anterior, se instaló una mesa de trabajo para consensuar un plan de desvíos para avanzar con la obra paralizada. Hace tres semanas, el alcalde de Lima y el ministro de Transportes anunciaron que se otorgarían las autorizaciones para la ejecución de la E13 y, ante ello, el concesionario informó que finalmente la obra empezaría el 7 de julio, tras cumplir con todas las exigencias acordadas. Sin embargo, el entrampamiento solo se resolverá cuando las obras inicien con apoyo incondicional de la MML. En caso contrario, si continúa, conllevará sobrecostos millonarios. Según el MTC, frente a un nuevo arbitraje se podría incurrir en un pago de US$10 millones por cada mes de retraso.

¿Hasta cuándo tendremos que soportar la falta de definición de un alcalde que antepone sus aspiraciones políticas a la solución de la severa congestión que aqueja a los limeños? La tibieza del Gobierno pareciera indicar que el apoyo político del alcalde pesa más que avanzar con la ejecución de un proyecto de esta envergadura. O que no le importa seguir acumulando arbitrajes en contra del Estado peruano.

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