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El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, decidió prescindir –justo en el Día del Trabajo– de varios funcionarios del sector, entre ellos la superintendenta de la Sunafil, quien venía justamente luchando a favor de quienes laboran en condiciones informales en el Perú.
No son pocos los peruanos que día a día prestan sus servicios en un marco de informalidad laboral. Según el INEI, al cierre de 2017 había más de la mitad de la PEA, es decir, unos 8.5 millones de compatriotas, en esa complicada situación. Y precisamente contra lo que eso significa –abusos empresariales, incumplimientos de la ley, etc.–, Sunafil venía aplicando un masivo plan de fiscalización a nivel nacional.
Los logros por la institucionalización de la entidad, pese a trabas financieras iniciales, son notables. En 2016, había solo 10 intendencias regionales. En 2017 se constituyeron cuatro y este año se tenía previsto llegar a 19 –duplicando también el número de fiscalizadores hasta llegar a 762– para cerrar 2019 con presencia en todas las regiones.
En entrevista a El Comercio, Sánchez dijo que su sector y la Confiep habían coincidido en la necesidad de atacar la informalidad laboral. No creemos que descabezando la Sunafil sea la forma de hacerlo. El ministro es visto con recelo por los empresarios y reconocido por el sector sindical. De hecho, según el diario Gestión, fue representante del sindicato de Sunafil en el proceso arbitral que impulsaban sus trabajadores en busca de mejoras. Esperemos que este relevo no haya sido un regalo para dicho sindicato de fiscalizadores.
Al menos un sector de los empresarios tiene en la mira a Sánchez desde 2012, cuando en su calidad de director general de Trabajo elaboró un informe lesivo a sus intereses. En 2014, Sánchez –quien también fue intendente de la Sunafil– y varios profesionales, entre ellos el ex ministro Javier Neves, firmaron un comunicado conjunto en el que se enfrentaron a la SNI y negaban que la actual legislación laboral genere costos elevados de despido al empresariado. Al mismo tiempo, exigían mejoras en la regulación laboral y que el Estado garantice la libertad sindical y promueva la negociación colectiva, mecanismos –dicen ellos– “principales para el diálogo social”.
En este tema, el país y su masa laboral necesitan ponderación y equilibrio para abandonar los altos índices de informalidad y desempleo. Trabajadores, empresarios y Estado deben armonizar agendas, normas e intereses sin imposiciones ideológicas de ninguna de las partes.
