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El blindaje a los parlamentarios con sentencias consentidas en el Poder Judicial, la inacción de la Comisión de Ética, el gasto millonario en comisiones especiales, todo eso ha puesto al Congreso de la República, una vez más, en una situación de descrédito y desaprobación.
De acuerdo al último sondeo de Pulso Perú, el Poder Legislativo está en rojo, con una nota de 07, y lo peor es que hace muy poco, casi nada, por revertir esa situación. Sus ocasionales inquilinos aparecen desconectados de esa población a la que dicen representar y defender, y que reclama, en un 70%, según encuesta de Datum que publicamos hoy, eliminar la inmunidad parlamentaria.
La impunidad de la que gozan quienes falsean sus hojas de vida, tienen investigaciones por fraude o denuncias de cohecho, etc., ha terminado por hartar a una población que ve en sus legisladores a una élite de intocables. Ayer mismo, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, respaldó la iniciativa de la congresista Patricia Donayre de eliminar esta prerrogativa consagrada en la Constitución.
Justo es, sin embargo, reconocer que no es posible meter a todos los ‘otorongos’ en el mismo saco. La inmunidad bien aplicada puede ser también una herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción. Ejemplo de eso lo dio el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, cuya investigación a la organización criminal encabezada por Rodolfo Orellana lo hizo objeto de una denuncia tras otra de parte del cuestionado abogado. Hoy, Orellana está tras las rejas.
Los encuestados, además, son mayoría al rechazar la reelección congresal. El 76% está en desacuerdo con esa posibilidad. Solo el 21% avala la propuesta y es, paradójicamente, a esa minoría a la que la Comisión de Constitución ha preferido escuchar al archivar, días atrás, la iniciativa que impedía la reelección indefinida.
En cuanto a la eliminación del voto preferencial, el 49% de ciudadanos está a favor. Pero ahí tampoco el Congreso se pone de acuerdo. Solo Nuevo Perú y Frente Amplio apoyarían la supresión de este mecanismo, el resto discrepa. Una vez más, Congreso y población parecen caminar en direcciones opuestas.
