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El peligro de una desestabilización institucional y constitucional es evidente. Los manejos políticos del Gobierno en afán de ganar iniciativa, respondidos por una irracional actitud del Congreso graficada en una reforma express de varios artículos fundamentales de la Carta Magna, nos ponen en el peor de los escenarios en medio del desastre económico y sanitario en el que estamos.
Amputar de un plumazo la Constitución sin debate, sin reflexión, quitándole su espíritu, que es el equilibrio de poderes, no solo distorsiona la figura de la inmunidad y el antejuicio para las autoridades elegidas o designadas en el país, sino que abre todas las puertas para acusar con intereses de grupo o subalternos al jefe de Estado (se llame como se llame), a los ministros, los miembros del TC, al defensor del Pueblo y al contralor. Sin embargo, los parlamentarios podrán ser procesados por delitos comunes pero no por delitos de función. Es claro que es una treta, una “sacada de vuelta” para estar protegidos, por ejemplo, del tráfico de influencias, de contrataciones irregulares, entre otros delitos.
La situación es muy grave y es indispensable un esfuerzo de las partes enfrentadas, Gobierno y Congreso, para tender puentes. Aquí no se trata de quién defiende a quién. Se trata de que los ciudadanos mejoren sus oportunidades de reconstruir sus vidas y su economía en democracia.
El marco de una estabilidad política es imprescindible. Olvídense de protagonismos tóxicos que solo logran mayor ansiedad nacional y ninguna solución. ¡Corrijan, Gobierno y Congreso, los ímpetus de bravatas! Hoy se reunirá el Consejo de Estado y hacemos votos para que se retome la racionalidad. Bien Vizcarra al convocar las elecciones generales para el 11 de abril, sin modificación alguna.
