:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HK2CATFODFDTNLTFDCAGYQF46E.png)
La audiencia en la que la Fiscalía tenía previsto sustentar los cargos por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori debió haber sucedido en diciembre de 2019. Pero, como suele ocurrir en Perú con lo importante, fue suspendida y pasada para marzo de 2020, fecha que también se suspendió. Luego, por la pandemia, la reprogramación se suspendió dos veces más. Así llegamos hasta enero de 2021, en que finalmente se vería el caso, pero comenzada la audiencia de presentación de cargos, 22 años después de iniciado este viacrucis y tras un fallo del Tribunal Constitucional, el juez advirtió que no había intérpretes que manejaran las variantes del quechua habladas por la mayoría de las más de 1,300 agraviadas.
Es inverosímil que no se pueda celebrar una audiencia tan esperada, luego de más de un año de reprogramaciones, por falta de intérpretes. Pero no se trata solo de un “error”. Que no se haya convocado intérpretes adecuados es reflejo de las causas que han hecho que la justicia tarde tanto en llegar. Si la justicia es esquiva para todos los peruanos, para mujeres quechuahablantes, pobres e indígenas es mucho más.
La situación es humillante para los cientos de mujeres a la espera de justicia luego de más de dos décadas de haber sido esterilizadas sin su consentimiento, pero también lo es para el sistema de judicial que ha sido incapaz de organizar un proceso adecuadamente. Es una falencia acompañada de discriminación institucional que es difícil de ver cuando estás del otro lado. Un recuerdo de que la discriminación lingüística tiene efectos muy concretos en la vida de cientos de miles de peruanos y peruanas que sienten que hay un Estado que no los escucha.
Si esto ocurre en un caso emblemático como este, sobre el que hay atención, ¿qué no ocurrirá en la infinidad de procesos que se ven todas las semanas a lo largo del territorio nacional?
