Ante todo el desmadre y los atropellos que comete este Congreso desbocado, hay una pasividad desesperante tanto de la ciudadanía y de los supuestos líderes políticos, que deberían hacerse presentes. Ya parece que estos congresistas tienen licencia para matar: para matar la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho que tanto nos han costado en años de lucha y debate político en una nación todavía en construcción.

Ahora los parlamentarios pretenden favorecer a la criminalidad organizada, promoviendo las economías ilegales sin ninguna vergüenza. Por eso, sin asco, presentan proyectos de ley para deforestar la Amazonía; para que los mineros ilegales sigan haciendo feria con sus Reinfo bambas y traficando hasta con explosivos —lo cual se ha vuelto más rentable que la droga—; para que los colectiveros sigan ocasionando accidentes en las pistas porque ellos, literalmente, también tienen licencia para matar.

Ya ni hablemos de la educación superior que se trafica como una mercancía al mejor postor, pero engañando a miles de familias que pagan una fortuna por la educación de sus hijos y son estafados por universidades garaje con el aval de la actual Sunedu; ya no queda nada de la institución que licenciaba universidades y exigía mínimos estándares de calidad para garantizar la formación de los jóvenes, hoy es un remedo.

Fíjense nomás la cantidad de leyes que han aprobado los congresistas para modificar hasta el Código Penal y con groseras intromisiones en el sistema de justicia, con el objetivo de favorecer a los delincuentes. Ahí está la ley Soto y la que obliga al sistema de justicia a prevenir al delincuente antes de un allanamiento o detención preliminar, herramientas que nos han permitido desarticular al hampa.

Todo lo hacen los legisladores con el único propósito de buscar impunidad, ahora pretenden excluir a los extorsionadores, a los asaltantes y secuestradores del delito de criminalidad organizada y que sean investigados solo por delitos comunes, con lo cual solo recibirán penas benignas con pocos años de cárcel y podrán fácilmente solicitar sentencias en libertad o conmutar sus penas. ¡Para no creer! Pero ahí está la Ley 5981 que ya está dictaminada sobre la tipicidad de organización criminal. Díganme si no están legislando para los delincuentes.

Ante toda esta destrucción del país, la pregunta cae por su propio peso: ¿dónde están los líderes políticos para que convoquen a la ciudadanía y hacer frente a tanta ignominia? El país está en peligro.

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