CHS Alternativo se pronunció sobre la vulneración de los derechos de Mila, una niña de 11 años que fue violada sexualmente por su padrastro, desde que tenía 6 años, y que tiene 19 semanas de gestación. El Estado peruano ha negado el procedimiento de aborto terapéutico, pese a que queda escaso tiempo para que se cumplan las 22 semanas que establece la ley como plazo límite para acceder al procedimiento.
Ante ello, la institución expresó que en el Perú, cada día, 4 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, 2 de cada 3 viven en zonas rurales y 9 de cada 10 se encuentran en situación de pobreza. Estos embarazos se producen en el marco de la vulnerabilidad, la desigualdad y, con frecuencia, del abuso sexual.
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“El embarazo de Mila es el de cientos de niñas en nuestro país: un embarazo forzado producto de la violencia sexual y que indefectiblemente impacta en su salud mental”, empezó diciendo.
CHS Alternativo mencionó que acompañó a la familia de la menor y fue testigo de las difíciles circunstancias que “la rodean”. “Mila es una niña que no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia”, se lee en el comunicado.
“En el Perú, el marco normativo nacional no tiene una regulación específica en estos casos. Sin embargo, se cuenta con la Guía de Aborto Terapéutico que, aunque no indica explícitamente que una violación sexual o el ser menor de edad son causales para la interrupción del embarazo, deja abierto el camino para proteger los derechos fundamentales y la salud integral de quienes han sido violentadas y no están en condiciones de continuar con una gestación no deseada”, menciona.
Los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto. “El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, señala que los Estados deben proteger el derecho a la salud tanto física como mental. Además, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño y la niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, dice.
Precisamente, el Comité para los Derechos del Niño, a través del caso Camila –un caso similar de embarazo adolescente por violencia sexual (Comunicación Nº 136/2021)– ha establecido expresamente que el Estado peruano debe, entre otras acciones, adoptar las siguientes medidas: a) Despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; b) Modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico; entre otros.
La ONG también exhortó al Congreso de la República modificar la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico y se amplíe en todos los casos de embarazo infantil y adolescente producto de una violación sexual.
“El Estado peruano tiene la oportunidad de reparar el daño que viene infringiendo a Mila y detener el proceso de revictimización a la que está sometiéndola. Así, se sentará el precedente necesario para generar cambios legislativos que permitan proteger a las miles de niñas víctimas de violencia sexual en el Perú”, finalizó.
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