Defensoría del Pueblo: “Fuerzas del orden y ciudadanía deben contribuir a una protesta pacífica y ordenada”

Tras el anuncio de desplazamiento de diversos protestantes desde diferentes regiones del país hacia la ciudad de Lima con el objetivo de desarrollar acciones de protesta, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto.

Ellos señalaron en un comunicado que la protesta pacífica es un derecho constitucionalmente reconocido y que para su desarrollo nunca se ha requerido la autorización previa de ninguna autoridad política, policial o militar.

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Recordaron también que el desplazamiento de personas por vías de uso público solo puede desarrollarse conforme a las normas vigentes y su control corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP). Por otra parte, que no son admisibles formas de traslado que coloquen en riesgo la vida e integridad de quienes viajan, ni la prestación del servicio público de transporte de personas en vehículos que no son diseñados para tal fin y que incumplen los requisitos correspondientes. Toda persona se encuentra obligada a contribuir con los controles que realice la PNP en dichas vías.

“Se invoca a la ciudadanía a evitar poner en riesgo su integridad, al desplazarse en formas de transporte no permitidas, ni exponer a las personas menores de edad a cualquier tipo de riesgo o vulneración a sus derechos fundamentales”, manifestaron.

Por otra parte, aseveraron que el derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas, tampoco la toma o incendio de instalaciones públicas o privadas (sedes del Poder Judicial, Ministerio Público, aeropuertos, terminales terrestres, hidroeléctricas, etc.) y no comprende el uso de armas u objetos que puedan causar daño propio o a terceros en su vida o integridad física. “Las personas que desarrollen los actos antes mencionados incurren en graves delitos”, aseguraron.

Además, instaron a las fuerzas policiales garantizar el desarrollo de movilizaciones pacíficas, respetando estrictamente los principios de legalidad y humanidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario. “La participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la PNP. No les corresponde suplir su labor, participando en patrullajes ni efectuando detenciones, entre otros” indicaron.

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